FOTO: GOBIERNO DE GUATEMALA
Redacción La Hora
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La Hora hizo un repaso de algunas de las cosas dichas por Jimmy Morales, presidente de Guatemala, tras su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esto fue lo que analizamos.
1. “Con la frente en alto puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción”.
Esa afirmación es falsa. El 27 de septiembre del año pasado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales para investigarlo por los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, ambos tipos penales contenidos en el decreto 31-2012 “Ley contra la Corrupción”.
La investigación contra Morales inició a raíz de un reporte de transacción sospechosa se la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que daba cuenta de que Morales recibió en su cuenta seis depósitos de Q50 mil provenientes del Ministerio de la Defensa en concepto de un bono por responsabilidad que no tenía ningún sustento legal para otorgársele.
Incluso, pasado mañana se celebrará una audiencia en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal para determinar si el exministro de Defensa de Morales, Williams Mansilla, es enviado a juicio por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad.
De momento, el MP no ha podido proceder contra Morales porque la CSJ rechazó in límine el antejuicio que se presentó. Sin embargo, aún hay un amparo en la CC que busca revertir esta resolución.
Aunado a lo anterior, el MP y la CICIG presentaron dos solicitudes de antejuicio contra Morales, por financiamiento electoral ilícito. Los hechos que motivaron los antejuicios consisten en que Morales, siendo secretario general del partido FCN-Nación, no rindió cuentas al Tribunal Supremo Electoral sobre los fondos anónimos que le fueron aportados a la campaña, lo cual constituye el delito de financiamiento electoral ilícito en las leyes guatemaltecas.
2. “Debe considerarse también, el excesivo uso de la prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en la regla en Guatemala”.
Esta afirmación es falsa. Primero, los jueces son quienes dictan la prisión preventiva y no son los investigadores. Según un boletín de la CICIG, actualmente hay más de 680 personas ligadas a proceso en casos adelantados por MP y CICIG y, de estos, un 60 por ciento gozan de medidas sustitutivas, entre éstas arresto domiciliario. Mientras que un 40 por ciento permanecen en prisión preventiva.
Si la prisión preventiva fuera la regla en casos investigados por CICIG, el porcentaje de sindicados en prisión sería considerablemente mayor.
3. “Hay un caso denominado Pavo Real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España y en los tres países las pruebas presentadas por CICIG no fueron suficientes y se les declaro inocentes”
Esta afirmación es engañosa. Si bien fueron absueltos por este caso el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en España, y Javier Figueroa, en Austria, en Guatemala han sido condenadas cinco personas por delitos de ejecución extrajudicial, asociación ilícita, asesinato y tenencia ilegal de arma de fuego. El caso de Erwin Sperissen es diferente. Fue condenado, luego un tribunal ordenó que se repitiera el proceso y fue condenado a 15 años de prisión.
4. Hoy se lamentan cinco muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces, influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado.
Esta afirmación es falsa. Recientemente, murieron en prisión preventiva Manuel Barquín, sindicado en el Caso Lavado y Política, y los médicos Erwin Casañeda y Jesús Oliva Leal. El caso de Barquín se encontraba bajo el control del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Érika Aifán, quien en varias ocasiones autorizó a Barquín para que acudiera a citas médicas.
En tanto, el caso de los médicos Castañeda y Oliva Leal se encontraba en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las juezas que integra dicho tribunal ni la jueza Érika Aifán han denunciado presiones de la CICIG para no otorgar medidas sustitutivas.
El artículo 298 del Código Procesal Penal establece la obligación a los funcionarios públicos de denunciar delitos “de acción pública” cuando tengan conocimientos de estos. Ninguna de las juristas antes mencionadas ha denunciado presiones.
5.- “Precisamente, uno de los allanamientos que sorprendió a Guatemala fue el “allanamiento ilegal” de Casa Presidencial el 2 de noviembre de 2016. Un abuso lamentable porque además de romper los tres círculos de seguridad de la Casa Presidencial, se puso en riesgo la institucionalidad misma de nuestro país”.
Esta declaración, como la dijo Morales, es falsa. Sí hubo un allanamiento en noviembre de 2016, pero un video de Canal Antigua documentó las declaraciones de Morales, donde indicó que en Casa Presidencial no hubo tal allanamiento, literalmente dijo: “En Casa Presidencial no hubo allanamiento, sin embargo, nosotros abrimos las puertas para que pudieran entrar y a donde entraron fue a las oficinas de SAAS y cuando se dieron cuenta que ahí no estaba Casa Presidencial, procedieron a retirarse, pero es una manifestación de que bendito sea Dios, el Ejecutivo tiene toda la disposición y nunca ha escondido nada y abre las puertas para que se puedan hacer todas las diligencias”.
6.- “Ahora hablaré de seguridad y justicia, porque mi gobierno ha sido y siempre será respetuoso de la Ley y el Estado de derecho”.
Esta afirmación es falsa. Jimmy Morales y su gobierno han advertido que no acatarán la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de permitir el ingreso del jefe de la CICIG, Iván Velásquez.
7.- «Otro abuso que no podemos dejar pasar es: el uso excesivo de la fuerza y el abuso del poder, que llegaron a llamarse «jueves negros de CICIG» que además de las mencionadas conferencias de prensa incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza, haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre”.
Lo dicho por el presidente Morales en torno a la denominación de los operativos, es falso, ya que mediáticamente y en redes sociales a estos se le conocen como “jueves de CICIG” y no jueves negros de CICIG. En lo que a los acompañamientos respecta, es engañoso. El Presidente no mencionó que en una ocasión los investigadores y agentes de la policía fueron recibidos a balazos y que en otra ocasión, en el primer allanamiento en la Municipalidad de Guatemala, no dejaban salir a los investigadores con los resultados de las diligencias.
8.- “Pero nadie puede negar que muchas personas y familias guatemaltecas, también han sufrido persecuciones ilegales, o han sido violentados sus derechos humanos y garantías constitucionales con total impunidad por dicha comisión.”.
Lo afirmado por Morales es falso. La CICIG opera en conjunto con el Ministerio Público (MP) y actúan cuando tienen órdenes de jueces. En el sitio web de la CICIG, se establece: “No se puede calificar de persecución ilegal el trabajo de la Comisión, en el cual destaca que de conformidad con las leyes de Guatemala, la CICIG puede ejercer la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público en el caso de los delitos presuntamente cometidos por miembros de estructuras criminales que son el objeto del mandato de la CICIG, por lo que la Comisión está facultada para solicitar la práctica y recepción de diligencias de investigación previstas en las leyes del país.”.
9.- “En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde, el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le señala de coaccionar testigos, que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas.”.
Lo afirmado por Morales es falso. La Fiscal Consuelo Porras, una vez en el cargo, dijo que era una mujer de derecho y que iba a velar porque se cumpliera la ley. Desde su mandato, no se ha revertido ningún caso de investigación, ni se han denunciado malas prácticas y se han presentado varios casos en conjunto con la CICIG siendo ella Fiscal General. Por tales casos, hay gente sindicada que fue detenida y otra citada a primera declaración y hay más casos en investigación.
10.- El ideal de CICIG, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona, que por principio nunca debe ser mayor que la institución que representa.
Esto es engañoso. Más que la burocracia de la ONU, el ente internacional no ha encontrado evidencias que hagan perder la confianza en Velásquez y así acceder a los pedidos de cambio de comisionado de la CICIG. Por diversas maneras, varios guatemaltecos han expresado su sentir de la CICIG que ha contrastado con la postura del Gobierno.
11.- En los últimos años la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia a nivel nacional e internacional, y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial, fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa: la familia Bitkov.
Esto es tendencioso. El Gobierno de Morales estuvo de acuerdo con el dictamen negativo de la Dirección General de Migración que recomendó no otorgar el refugio a la familia Bitkov porque no encontraron evidencias de una persecución del gobierno ruso, que es lo alegado en la comisión Helsinky. Segundo, el caso de la familia Bitkov fue llevado en las instancias legales, la Corte de Constitucionalidad (CC) ya se pronunció, se acató su resolución y actualmente los Bitkov gozan de medida sustitutiva en lo que el proceso legal sigue su curso.
12.- Segundo: porque el comisionado Velásquez se entrometió en asuntos internos del país politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional.
Eso es falso. El Gobierno ha dicho que Velásquez se entrometió en temas internos porque participó en la discusión de la Reforma al Sector Justicia a través de una mesa técnica, pero fueron los tres Presidentes de los Organismos del Estado (incluido el Ejecutivo y Morales) quienes recibieron la propuesta y la presentaron al Congreso. Luego vino el caso de la familia del mandatario Morales y este ya no apoyó las reformas al sector justicia.
