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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Mientras la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa y la togada Gloria Porras han explicado en distintos espacios la claridad del amparo provisional que permite el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, consultados han hecho énfasis en la importancia de la resolución y que la misma debe acatarse o conllevaría consecuencias para quienes lo incumplan.
POR REDACCIÓN LA HORA*
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“Las resoluciones jurisdiccionales hablan por sí mismas… El presidente de la República de Guatemala como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población y responsable de la política exterior, con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12”, recordó la presidenta Ochoa durante una entrevista en el programa radial “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.
La magistrada leyó la resolución de la CC en la que se hace referencia al acuerdo que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para enfatizar en los pasos que debe seguir el Gobierno para solucionar cualquier controversia con el ente internacional.
Ochoa resaltó que las resoluciones se deben analizar y que estás “hablan por sí mismas”, “ahí está plasmado lo que resolvimos los magistrados”, añadió.
En cuanto a la votación, la cual fue unánime, Ochoa indicó que son personas de derecho y que aunque en algún momento se den disidencias, las discusiones se dan en el marco jurídico, “eso no significa que sea como un partido de fútbol, estamos decidiendo cuestiones de país, jurídicas, más no políticas”, agregó.
Consultada por el periodista Luis Felipe Valenzuela, en torno a si podía abordar con claridad si Velásquez podía entrar inmediatamente, Ochoa volvió a leer la parte conducente y dijo: “Se debe permitir el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la CICIG el cual deberá realizarse en armonía con lo que estable el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, ello entre un convenio entre las partes, eso dice la resolución y como consecuencia eso es lo se tiene que acatar”.
NO DEJA DUDAS Y ES VINCULANTE
Mientras que la magistrada Gloria Porras aclaró algunas dudas de la resolución en el programa “Con Criterio”, en primer lugar, indicó que las interrogantes surgidas porque se menciona en el documento que debe permitirse el ingreso del país al “comisionado o comisionada”, es porque se toma de referencia el acuerdo que así lo nombra, además que destaca el artículo 12 del convenio que dio vida a CICIG, en el cual se menciona el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala con Naciones Unidas. “De esa cuenta el comisionado designado por Naciones Unidas debe tener acceso al país sin ningún tipo de limitación”, añadió.
Porras explicó que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, “son vinculantes”, y quienes las incumplan siendo funcionarios no electos popularmente implicaría la destitución. En el caso del Presidente de la República, quien procede de una elección popular, el mecanismo es distinto, añadió.
A la vez, mencionó que los únicos recursos que proceden en esta resolución en la aclaración y ampliación, pero el fondo del amparo debe acatarse.
LINARES DE ASIES: RESOLUCIÓN ES CONGRUENTE
Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) consideró que el fallo de la CC es congruente respecto a lo que resolvió en su oportunidad sobre la declaración de Non Grato a Iván Velásquez en 2017.
“Se esperaba que el fallo fuese de esa manera, ya que Morales no ha cumplido con el acuerdo de creación de la CICIG que señala que toda controversia debe resolverse de común acuerdo. El Presidente debería acatar esta resolución y no tomar otro camino para buscar la salida del comisionado Iván Velásquez, que se ha vuelto para él como una obsesión”, resaltó.
De acuerdo al analista, al no obedecer este fallo, el presidente entraría en una situación de desacato a la CC y podría ser expuesto a un proceso de antejuicio por no dar cumplimiento a una decisión definitiva de un órgano supremo en materia constitucional.
JORGE SANTOS: SOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN CONVENIO
Jorge Santos, coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (Udefegua) calificó de positivo, el consenso de los magistrados al dar lugar al amparo ya que en el acuerdo de creación de la CICIG detalla el procedimiento a seguir para redimir cualquier controversia y este estaba siendo incumplido por parte del Ejecutivo, al no permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez.
“Lo que esperaríamos para los siguientes días es que el Presidente acate esta resolución, al no hacerlo estaría cometiendo el delito de desobediencia a una resolución emitida por la máxima Corte Constitucional del país, esto llamaría al Ministerio Público a tomar acciones legales e implicaría una serie de actos que podrían denominarse como un golpe de Estado a la institucionalidad y a la Constitución Política de la República”, acotó.
A criterio de Santos, el escenario político es incierto, pues en caso de que Morales no acate dicha resolución; entre otras consecuencias, podría implicar acciones en contra de los magistrados de la CC.
