El experto en política, Renzo Rosal, señala que de aprobarse la Iniciativa 5300, el Congreso estaría propiciando un “fuerte” golpe a la democracia, especialmente por aquellos que forman parte del llamado Pacto de Corruptos.
POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
Para Rosal, reformar la Ley de Antejuicio es una táctica del Pacto de Corruptos para regresar al modelo de Cooptación del Estado, que se tenía en el gobierno del Partido Patriota (PP). Para lograrlo se busca “golpear” a instituciones clave como la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Mediante un diseño bastante perverso pero bien elaborado, el Congreso quiere dar varios golpes a la vez, quieren tocar a las Cortes, a la misma CC que es como la joya a la corona y a la PDH, instituciones clave para la democracia”, afirmó el analista.
El politólogo también hace referencia que esta iniciativa busca “generar una amenaza” para los actuales magistrados de la CC, pues en estos momentos ellos conocen recursos en contra del Pacto de Impunidad y de futuros casos que se planteen.
El profesional agregó que de aprobarse estos cambios en la Ley de Antejuicio, generaría un efecto dominó, es decir, abriría la puerta para que un paquete de leyes que procuran impunidad se apruebe en el Congreso, entre estos: la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, y la reactivación del transfuguismo, una práctica parlamentaria criticada por la sociedad.
BARRENO: INICIATIVA 5300 COMO MONEDA DE CAMBIO
Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), afirmó que de aprobarse estas modificaciones a la Ley de Antejuicio, el Congreso se garantiza una moneda de cambio que la utilizará a su favor.
“Las modificaciones a la Ley de Antejuicio les garantizaría una moneda de cambio al Congreso, que podría utilizar en cualquier negociación, como en la aprobación de un presupuesto, conformación de comisiones de postulación y las solicitudes de antejuicio en contra del diputado Felipe Alejos”, explicó el experto.
Por otro lado, el subjefe de la Bancada UNE, Carlos Barreda, señala que esta iniciativa busca generar presión en los magistrados de la CC, “ya que en estos momentos ellos están conociendo recursos en contra del Presidente”.
Estas reformas buscan eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que actualmente analiza si las solicitudes de antejuicio son promovidas por intereses políticos o espurios.
