POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Aneliese Herrera Monterroso, Juan Arturo Jegerlehner y Carlos Goyzueta Valladares, suscribieron un acuerdo de colaboración eficaz y podrán ser condenados en un procedimiento abreviado en el Caso Construcción y Corrupción, fase II.
Los tres colaboradores eficaces también beneficiados por el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Érika Aifán, con arresto domiciliario, por lo que ya abandonaron la prisión. Esto, luego de haber revelado a la Fiscalía las actividades ilícitas del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
Estos son los acuerdos a los que los sindicados llegaron con la Fiscalía por su colaboración con la investigación.
Juan Arturo Jegerlehner: está ligado a proceso por lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Le corresponde una condena por lavado de dinero a 6 años de prisión, pero la Fiscalía pedirá que se le rebaje a 3 años y que se le suspenda la pena con la condición de que mantenga buena conducta en este periodo; se le multará por 100 mil dólares.
Por el delito de asociación ilícita se le otorgará un criterio de oportunidad, es decir, que no enfrentará ninguna pena, pero deberá donar Q100 mil a instituciones benéficas.
Por el delito de obstaculización a la acción penal se le suspenderá condicionalmente la pena y se le impondrá una reparación digna al Estado de 300 mil dólares.
Aneliese Herrera Monterroso: está ligada a proceso por lavado de dinero y asociación ilícita.
Por el primer delito la Fiscalía estima que la pena a imponer es de 6 años, pero se solicitará que se le rebaje a 3 años, los cuales serán suspendidos con la condición de que mantenga buena conducta durante este período; se le impondrá una multa de Q200 mil.
Por el segundo delito se le suspenderá condicionalmente la pena y deberá donar Q50 mil a dos instituciones benéficas.
Carlos Goyzueta Valladares: está ligado a proceso por lavado de dinero, tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso del ejército y tenencia ilegal de municiones.
Le corresponde una pena de seis años de prisión por el primer delito, pero se pedirá que sea rebajada a 3 años; se le suspenderá condicionalmente la pena y se le multará por Q340 mil.
Por el segundo delito obtendrá un criterio de oportunidad y se le impondrá multa de Q160 mil a cuatro instituciones benéficas y, por tenencia ilegal de municiones, se le suspenderá condicionalmente la pena.
Este es un acuerdo preliminar con la Fiscalía. Sin embargo, en una audiencia, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, aún debe decidir si es pertinente que sean condenados en procedimiento abreviado o si, por la gravedad de los hechos, merecen penas mayores.
