Por Denis Aguilar
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Varias organizaciones de la sociedad civil rechazaron las recientes acciones del presidente Jimmy Morales, a quien señalaron de querer obstruir el avance de la justicia y destruir instituciones democráticas al no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y prohibir el ingreso del comisionado Iván Velásquez.
En un comunicado, las organizaciones aseguran que con dichas acciones el mandatario está incumpliendo el acuerdo con las Naciones Unidas que dio vida la CICIG y también que está incurriendo en el delito de desobediencia al no acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que fue emitida en agosto de 2017.
“Consideramos sumamente grave que Jimmy Morales decidiera prohibir el reingreso del comisionado Velásquez a Guatemala con pleno conocimiento de la orden de la CC, a la cual evidentemente aludió el pasado 31 de agosto, cuando afirmó que “no acataría órdenes ilegales”, mientras estaba rodeado de mandos militares y policiales”, dice el comunicado.
Cuestionaron la presencia de militares en el anuncio del presidente, asegurando que esto rememora las épocas obscuras de los regímenes autoritarios en Guatemala.
Ante lo anterior, las organizaciones exigen que se respete el orden constitucional y que la CC resuelva el conflicto en el marco del acuerdo de creación de la CICIG y que se revoque no permitir el ingreso de Iván Velásquez al país.
También exigieron al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC) abstenerse de participar en decisiones políticas y que se respeten los derechos de la ciudadanía.
Por último, pidieron a las Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional mantener su solidaridad con Guatemala en la lucha contra la corrupción y la impunidad, con el fin de evitar que las mafias controlen en su totalidad al Estado.
Hicieron un llamado a todos los sectores sociales para defender la democracia y la justicia, no permitiendo que grupos destruyan lo que se ha avanzado.
ACOMPAÑAN A PDH
Los representantes de las organizaciones sociales acompañaron al Procurador quien llegó a la sede de la Corte de Constitucionalidad a esperar el fallo de los magistrados respecto al recurso de ejecución de amparo que interpuso ayer para que se ordene al Ejecutivo sujetarse a lo resuelto por el máximo Tribunal en agosto de 2017, cuando otorgó el amparo provisional que evitó la expulsión del comisionado Iván Velásquez.
