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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Tras la decisión del presidente Jimmy Morales de impedir la entrada del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el secretario general de la ONU António Guterres ha pedido al comisionado Iván Velásquez que dirija la instancia desde fuera del país. Ahora la situación jurídica del país queda en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), la que según Morales emite órdenes ilegales y del Ministerio Público (MP) por la posible comisión de un delito en flagrancia.
POR SONIA PÉREZ D. /AP/ AGENCIA DPA Y REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
El Gobierno de Guatemala ordenó que a Velásquez no se le dejara entrar acatando una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala (integrado por opositores oficiales de la CICIG) y pidió a Naciones Unidas que nombrara un sustituto del colombiano al frente de la Comisión.
El vocero de Guterres, Stephane Dujarric, dijo que la Secretaría de la ONU tiene serias dudas sobre la decisión, que la está revisando y que no parece ser consistente con el acuerdo de establecimiento de la CICIG.
“El Secretario General le ha pedido al señor Velásquez que continúe al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala, hasta que haya más claridad sobre la situación”, dijo Dujarric en una declaración.
Pocas horas después de que se informó sobre la negación de acceso a Velásquez, se entablaron seis recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad para contrarrestar la decisión y tratar de dar vigencia a un amparo que protegería a Velásquez de ser expulsado de Guatemala o de no tener posibilidad de reingresar.
Velásquez se encontraba el martes en Washington en reuniones de trabajo para informar sobre la labor de la CICIG. El viernes pasado, a un año de su vencimiento, Morales anunció que no renovaría el mandato de este organismo de Naciones Unidas, el cual junto con la fiscalía ha liderado la lucha anticorrupción en el país, investigando a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de gobierno acusados de corrupción.
En un comunicado del martes, el gobierno dijo que Morales anunció su decisión a Naciones Unidas y pidió un reemplazo para Velásquez. El documento lo califica como “una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública; afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país”.
CALIFICAN DE ERROR DECISIÓN
Velásquez dijo en un mensaje telefónico a The Associated Press que tenía conocimiento de la decisión sin comentar nada más al respecto.
El excanciller Gabriel Orellana dijo a una radio local que la decisión de Morales era “un grave error político”. Por su parte, Javier Hernández, jefe de la bancada oficialista, afirmó que no consideraba que la decisión del presidente “fuera un golpe de Estado”, como algunos mensajes en redes sociales calificaban la decisión, “pues la misma no afecta instituciones”.
Un funcionario diplomático que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones confirmó a la AP que los embajadores acreditados en el país estarían reunidos de emergencia para discutir su posición sobre la decisión de Morales.
Esta es la segunda vez que el mandatario intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal general Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.
El Presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales.
Esta vez, la actual fiscal general, Consuelo Porras, y la CICIG hicieron la nueva petición el 10 de agosto al considerar que hay suficientes indicios para investigarlo. Según ambos organismos, Morales habría cometido financiamiento electoral ilícito por el partido que lo llevó al poder en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
PDH: UNA VENDETTA PERSONAL
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que el actuar del presidente Jimmy Morales está llevando a Guatemala a otro Serranazo en referencia al autogolpe de Serrano Elías, y señaló que esta situación podría afectar económicamente a la nación.
En una conferencia de prensa, Rodas manifestó su preocupación por las acciones llevadas a cabo por el presidente Morales, de quien dijo que está conduciendo al país a una crisis innecesaria que sí podría afectar la economía del país.
De acuerdo con Rodas, hay una amenaza de rompimiento al orden constitucional y en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
No hay necesidad para estar en estos problemas, dijo el Ombudsman, quien señaló que el actuar del Presidente al prohibir la entrada a Velásquez al país es “nefasto” y que es una ingratitud por una vendetta personal.
En un comunicado de la Procuraduría, el magistrado de Conciencia manifestó su rechazo a la utilización de salidas espurias para justificar como asunto de seguridad nacionales la permanencia del comisionado Velásquez en el territorio nacional, para tratar de encubrir un abierto incumplimiento a la instrucción dictada por la Corte de Constitucionalidad en 2017, cuando corrigió el error cometido por Morales al expulsar al comisionado Velásquez, quien inobservó el artículo 46 de la Constitución Política.
Asimismo, descartó que el comisionado sea una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la estabilidad institucional, la justicia y la paz del país, como señaló el Gobierno de Morales.
REACCIONA EL MUNDO
Las críticas por lo sucedido el martes no se hicieron esperan, incluso fuera del país.
La congresista estadounidense Norma Torres escribió en Twitter que la decisión del Presidente era un intento de evadir los procesos judiciales en su contra. “Tarde o temprano todos los criminales se enfrentan a la justicia”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó a través de un comunicado su preocupación por la decisión de Morales de no renovar el mandato de la Comisión y expresó que ha tenido “un rol trascendental en la lucha anticorrupción”.
La semana pasada el Congreso guatemalteco integró una Comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del Presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.
¿QUÉ HIZO EL GOBIERNO DE GUATEMALA?
Por agencia/dpa
De acuerdo con un comunicado del Gobierno, “en consenso, el Consejo de Seguridad Nacional recomendó al Presidente… prohibir el ingreso a territorio nacional del señor Iván Velásquez Gómez por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad y la paz del país”.
“En tal virtud… atiende la recomendación del Consejo y ha dispuesto prohibir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez a territorio guatemalteco”, destacó el comunicado.
“Al mismo tiempo, se solicitó de la manera más atenta al Secretario General de la ONU que se designe al sustituto” del Comisionado, agregó.
Advirtió que “el Gobierno de Guatemala es y será respetuoso del mandato vigente de la CICIG, es decir, que seguirá aportando sus capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas hasta el 3 de septiembre de 2019, tomando en cuenta que la CICIG contará con un año para transferir sus competencias bajo una metodología ordenada y transparente”.
Morales enfrenta una oleada de críticas después de haber puesto un límite a la acción que cumple la CICIG, un organismo creado en 2006 mediante un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala para la investigación y desmantelamiento de cuerpos clandestinos de seguridad y sus fuentes de financiamiento. La Comisión comenzó a operar en 2007 después de que el Congreso ratificó el convenio.
Sus investigaciones pusieron al descubierto graves hechos de corrupción durante la administración de Otto Pérez (2012-2015) y obligaron a dimitir a su entonces vice, Roxana Baldetti, en mayo de 2015, y al entonces mandatario el 2 de septiembre del mismo año. Ambos, junto a decenas de exdiputados y exfuncionarios, permanecen en prisión preventiva sujetos a procesos por distintos casos de corrupción.
