Por Redacción La Hora
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Tres ciudadanos y el Procurador de los Derechos Humanos solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que ordene al Ejecutivo sujetarse a lo resuelto en dos amparos que fueron otorgados de manera provisional en agosto de 2017 los cuales evitaron la expulsión y la declaración de non grato del titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
Según Santiago Palomo, portavoz de la Corte de Constitucionalidad, los ciudadanos Elvyn Díaz y Álvaro Montenegro, integrantes del colectivo Justicia Ya, así como el abogado Alfonso Carrillo y el PDH, Jordán Rodas, plantearon una «solicitud de debida ejecución del amparo» ante dicha Corte.
Con esto, los ciudadanos piden a la CC que ordene al presidente respetar los amparos provisionales que fueron decretados el 27 y 29 de agosto de 2017 por la CC y, en consecuencia, se giren instrucciones al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a la canciller Sandra Jovel, al ministro de la Defensa Luis Ralda, al director de la Policía Nacional Civil, Edwin Tzi y a la Dirección General de Migración que se abstengan de tomar disposiciones tendientes a impedir el ingreso de Velásquez al país o bien, de ordenar su expulsión.
En tanto, se desconocen detalles de la debida ejecución del amparo que planteó el PDH, pero en breve ofrecerá una conferencia de prensa.
Además, también piden que se requiera a Cancillería la carta enviada al secretario de la ONU, Antonio Guterrez, en la cual se informa la decisión de no prorrogar el mandato de la CICIG y se solicite al Consejo Nacional de Seguridad el dictamen que recomendó al presidente no permitir el ingreso de Velásquez al país.
