El anuncio del presidente, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es considerado como una violación a las leyes tanto del país como las leyes internacionales, según congresistas e instituciones de la sociedad civil.
POR HEDY QUINO
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El jefe de la bancada Convergencia e integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Enrique Álvarez, señaló que la decisión de Morales es ilegal, puesto que la Corte de Constitucional (CC) resolvió a favor de la CICIG, la que suspendía la expulsión del comisionado, Iván Velásquez, realizada por Morales el año pasado.
Álvarez explicó que el convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece los mecanismos para finalizar el mandato de la CICIG, “esto no se puede hacer a la ligera, a menos que exista una clara violación a la Constitución, lo cual no está sucediendo”.
El congresista considera que el Presidente está violando las leyes nacionales como internacionales, al realizar este tipo de acción, “no entiendo quién lo asesora”.
El colectivo Justicia Ya recordó por su parte que la resolución de la CC “obliga al Presidente a respetar el Convenio entre la ONU y el Estado de Guatemala”.
Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, indica que la decisión de Morales puede considerarse como “un rompimiento Constitucional propiciado por el mismo Presidente que está desobedeciendo una resolución del Máximo Tribunal”.
“Con esto el Presidente podría estar cometiendo un delito, por lo que podría ser destituido”, agrega Montenegro.
La secretaria de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (AEU), Lenina García, indicó que la decisión de Morales es un ataque directo a la justicia del país. “Estamos consternados, pues la CICIG ha realizado un trabajo importante en la lucha contra la corrupción”.
Por esta situación, García anunció que esta tarde realizarán una manifestación en la Plaza de la Constitución para emitir un pronunciamiento a favor de la CICIG, así como respaldar el trabajo del mismo.
El diputado de Fuerza e integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Raúl Romero, indicó que el Ejecutivo debe demostrar los argumentos jurídicos, políticos y diplomáticos, para decidir no renovar el mandato de la CICIG.
ACCIONA A FAVOR DE COMISIONADO
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, colocó un recurso de exhibición personal a favor del comisionado, Iván Velásquez. “Estos son actos de intimidación que violan la resolución de la CC”, afirmó Rodas.
