Por Eder Juárez
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Diputados representantes de los partidos políticos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) criticaron al ente electoral por la suscripción de la carta de entendimiento con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para fortalecer las unidades de fiscalización y medios de comunicación.
Según el diputado Fernando Linares Beltranena, la CICIG no tiene mandato para fiscalizar y considera que es una intromisión porque la Comisión está para la persecución penal de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS).
Según Linares Beltranena, la CICIG llegó al TSE a controlar las finanzas y propaganda. El legislador considera que esa es una intromisión, pero que lo más importante es que el Tribunal no tiene atribuciones para hacer cartas de entendimiento. “No está dentro de sus atribuciones celebrar entendimientos con instituciones internacionales, mucho menos con una tan cuestionada como la CICIG”, manifestó.
Además añadió que “al haber intromisión en las elecciones, se está comprometiendo la democracia”.
Entre tanto el diputado oficialista, Estuardo Galdámez, dijo que todos están de acuerdo en que el financiamiento electoral ilícito es un flagelo, que se debe regular de una forma emergente, directa y pronta, “pero esto tampoco nos debe llevar a comprometer nuestra soberanía nacional”.
Galdámez indicó que la CICIG puede hacer entendimientos con cualquier institución del Estado de Guatemala, pero su objetivo es desmantelar toda estructura delictiva que se encuentre paralela dentro del Estado.
“La CICIG vino para desmantelar delincuentes (…), pero aquí no habemos delincuentes, aquí estamos para cumplir un derecho que nos garantiza la Constitución de elegir y ser electos”, manifestó el congresista.
NO ES UNA CONDICIÓN OBLIGADA
Por su parte el magistrado Julio Solórzano aseguró que todo ciudadano tiene derecho de petición, lo que hizo el Tribunal fue firmar una carta de entendimiento con la CICIG, “es una cuestión técnica…que esa organización con la experiencia que tiene de esos temas de fiscalización nos la compartan, no quiere decir que es una condición obligada de hacer todo lo que hace la Comisión”, refirió.
Agregó que será el TSE el que tendrá que discernir qué implementa y qué no de las capacidades que le traslade el ente internacional.
