Por Denis Aguilar
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En la realización de un foro, el titular del Ministerio de Finanzas (Minfin), Julio Héctor Estrada, y expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), consideran que la suspensión provisional del acceso a la información bancaria representa graves riesgos que podrían llevar nuevamente al país a ser considerado un paraíso fiscal.
Estrada aseguró que las consecuencias del país en ese sentido pueden ser muy graves, tomando en cuenta que el país ya está atrasado en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia fiscal.
“A la hora de quitar esa herramienta para la SAT, no solo se pierde recaudación local, se pierde capacidad de cobrarles más a los que no pagan y con eso no tener que subirle impuestos a todos los demás”, aseveró el funcionario, añadiendo que Guatemala con esto entra en un grupo de países que no tiene este tipo de acceso.
Este tipo de acciones pueden traer sanciones para el país, dijo Estrada. Además, se recordó que Guatemala es firmante en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.
PARAÍSO FISCAL
Estrada indicó que en dado caso la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva y se mantenga la actual disposición, Guatemala podría ser catalogado como un paraíso fiscal, ya que no habría una base para negarlo, tomando en cuenta que se tomaron 10 años para aprobar el Decreto 37-2016, sobre la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Gobernanza de la SAT, que había impedido al país estar en ese listado.
“Nos salvamos por años porque dijimos que íbamos a hacer una reforma, la hacemos y después cuando llegamos decimos que la Constitución nuestra no lo permite y que nunca hubo realmente una voluntad”, explicó, lo cual podría darse en una próxima revisión al país.
Por su parte Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, expresó que a Guatemala le tomó 10 años salir de la lista gris de paraísos fiscales, gracias a la posibilidad del intercambio de información. Sin embargo, mencionó que debido al fallo de la CC hay un grave riesgo de que el país se catalogue de nuevo como tal.
“El asunto es que Guatemala, y aquí es donde se vuelve más relevante, tiene una obligación firmada en convenio internacional de colaborar entre administraciones tributarias y administraciones que velan por la transparencia financiera”, aseveró.
A decir de Abelardo Medina, economista del Icefi, una suspensión definitiva del artículo 30 “C” al Decreto 6-91, del Código Tributario, sería un retroceso de al menos una década en materia fiscal y financiera, lo que llevaría al país a no ser considerado como un cooperante internacional y por ende acarrear sanciones.
En ese sentido, Medina aseguró que si Guatemala sigue en ese camino de no ser un país cooperante, esto podría convertirlo en un paraíso fiscal a futuro, esto debido a las condiciones que en el país se puedan dar.
