POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite los antejuicios contra el presidente Jimmy Morales y la diputada de Encuentro por Guatemala (EG) Nineth Montenegro por financiamiento electoral ilícito.
La CSJ conoció esta tarde las solicitudes de antejuicio presentadas contra Morales y Montenegro por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público (MP) y dio trámite a los mismos.
En el caso de la diputada Montenegro, la Corte informó que la jueza Sonia de la Paz Santizo, vocal II de la Sala Tercera del Ramo Penal, será quien analice el antejuicio y rinda un informe sobre el mismo.
RESPETUOSOS
Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo que el organismo Ejecutivo es respetuoso del estado de derecho y de la independencia judicial.
En este momento corresponderá al Organismo Legislativo formar una comisión pesquisidora que verá el asunto del presidente. Nosotros siempre seremos respetuosos del Estado de Derecho, reiteró.
PROCEDIMIENTO
El antejuicio contra el presidente Morales deberá ser trasladado al Congreso de la República, donde los diputados deberán conformar una comisión pesquisidora que analice si es recomendable o no retirarle la inmunidad al mandatario.
Posteriormente, el análisis de la comisión pesquisidora será informado al pleno para que los diputados voten si retiran o no la inmunidad a Morales. Para esto se requiere el voto de 105 legisladores.
En tanto, el antejuicio contra la diputada Montenegro deberá ser trasladado a un juez o jueza pesquisidora, quien tendrá un plazo de 60 días hábiles para emitir un informe pesquisidor indicando a la CSJ si recomienda o no retirar la inmunidad a la congresista.
No obstante, será la CSJ la que tenga la última palabra respecto a si retira o no el derecho de antejuicio a Montenegro.
Hasta el cierre de esta nota, el pleno de magistrados se encontraba en desarrollo y se desconocían mayores detalles.
CASO
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que se le retire el derecho de antejuicio a Morales para poder investigarlo por financiamiento electoral ilícito.
Esto, porque para las elecciones de 2015, mientras fungía como secretario general del partido FCN-Nación, la agrupación no reportó Q7 millones 920 mil 375.70 que recibieron como aportes para la campaña electoral.
En tanto, a Montenegro se le busca investigar por tres irregularidades. El primero corresponde a una denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2016 debido a que la legisladora el partido Encuentro por Guatemala no reportó un financiamiento de Q1 millón 748 mil 232.54.
El segundo hecho es no haber reportado Q76 mil 784.30 al TSE que aportó la empresa Maximum Financial and Investments Services al partido, los cuales se utilizaron para pago de publicidad a la empresa Yeyo S.A.
Por último, el MP señala que el partido no reportó Q197 mil 500 que recibió en 2011 de la empresa Publicidad Avance S.A.
