POR EDER JUÁREZ
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Luego de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron el retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales por un caso de financiamiento electoral ilícito, algunas voces, entre ellas la del diputado Felipe Alejos, ven en este nuevo proceso un golpe de Estado. Sin embargo, analistas consultados aseguraron que aunque se le retire la inmunidad al mandatario la institucionalidad y orden constitucional prevalecen.
Oswaldo Samayoa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que quienes hablan de un golpe de Estado por la solicitud de antejuicio contra Morales, en su mayoría también están siendo investigados por delitos de corrupción y delitos electorales, y enfatizó que no es cierto que se trate de un rompimiento del orden constitucional.
“La pregunta sería ¿Desde cuándo un sistema de justicia institucional creado de forma legal respaldado democráticamente en una República como uno de los poderes del Estado va a crear un golpe de Estado cuando hace investigaciones y lo que busca es solucionar un conflicto y sancionar si hay algún delito? desde ningún punto de vista es un golpe de Estado”, señaló Samayoa.
Asimismo, indicó que la Constitución prevé los mecanismos para estas situaciones, “La Constitución ya previo por la experiencia histórica de que pudiera suceder este tipo de situaciones y por lo tanto dotó los procedimientos legales, políticos y democráticos para que si esto llegará a suceder la institucionalidad no resulte afectada”, explicó.
NO DEPENDE DE UNA PERSONA
Por su parte, Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), la institucionalidad no depende de una persona, “el hecho de que una persona u otra salga por un motivo valido como es un proceso legal ya previamente establecido no significa un rompimiento institucional, sino más bien una muestra de fortaleza que puede depurarse”.
Linares aseguró que no es necesario recurrir a un golpe de Estado para salir de un “Presidente ladrón o inútil, sino que existen medios para que sí se comete un delito sea sometido a un proceso y eventualmente separado del cargo”.
Mientras que la diputada Andrea Villagrán del partido TODOS y el Frente Parlamentario por la Transparencia indicó que la solicitud de antejuicio en contra del presidente Morales no significa para nada un rompimiento del orden constitucional. “Al contrario, nuestro sistema tiene las vías y establece cuál es el proceso que se debe seguir en el caso que hubiera un señalamiento que pudiera establecer que el Presidente de la República o dignatario de la nación pudieran haber incurrido en algún delito y continuar con el sistema constitucional”
Villagrán espera que cuando el pleno del Congreso conozca la nueva solicitud de antejuicio contra Morales los diputados actúen conforme a derecho y por el bienestar del país, actuando de forma objetiva, sin interponer intereses particulares y que esa forma se dé un proceso más adecuado.
Ayer el MP y CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, por su presunta vinculación en un financiamiento electoral ilícito al partido FCN, cuando fungía como Secretario General de la agrupación política. La Presidencia por su parte, indicó que dejaría en las manos de las instituciones esta nueva causa penal.
