POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que analizan presentar una denuncia penal en contra de la relatora contra la tortura, Silvia Lucrecia Villalta, porque elaboró un informe sobre los exdiputados Mirza Arreaga y Luis Chávez que contenía varias falsedades, sin que se le requiriera a la Fiscalía un pronunciamiento al respecto.
Villalta Martínez envió un informe a la FECI y al Organismo Judicial (OJ) en el que aseguraba que los exdiputados Arreaga y Chávez fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos en un caso penal en el cual se les sindicó por el delito de tráfico de influencias.
Según dice la relatora, Chávez sufrió amenazas por parte de “autoridades estatales” para que reconociera los hechos que le imputaban el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a cambio de que no se le congelaran sus cuentas bancarias y no se le denunciara en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
En cuanto a Arreaga, Villalta asegura también que recibió amenazas y se le embargaron sus cuentas bancarias.
Ante esto, el fiscal Sandoval manifestó su preocupación por el hecho de que, además de decir varias falsedades e información no corroborada, la relatora nunca acudió a la Fiscalía para pedir un informe respecto a lo que ella asegura, dijo.
“Ella hace la aseveración de unos embargos judiciales, no sé de dónde los inventó porque en este caso de tráfico de influencias de ninguna manera hay entre las medidas que la Fiscalía requirió algún tipo de embargo. Entonces me parece preocupante y temerario lo aseverado en el informe. Me parece que está vulnerando nuestros derechos porque en ningún momento nos requirió un informe o nos escuchó en relación a lo que se atreve a aseverar”, dijo Sandoval.
Otra de las falsedades que el jefe de la FECI observa en el informe es que se menciona que el exdiputado Chávez Pérez, quien fue condenado por tráfico de influencias a 3 años en mayo de 2017, aunque se le suspendió la pena con la condición de que mantuviera una buena conducta, fue amenazado para declararse culpable.
“Fue voluntad de él reconocer (los hechos imputados en su contra) en la judicatura y, como consecuencia de ello, se dictó una sentencia en la vía del procedimiento abreviado. Es una aseveración temeraria (la que hace la relatora)”, dijo Sandoval.
Además, Villalta indicó que los medios de prueba utilizados contra Arreaga son “ilegales”. Sin embargo, la legalidad de dichas pruebas le corresponde al Juzgado realizarla, por lo que la relatora no está autorizada para hacer esa afirmación.
Consultada al respecto, la relatora Villalta expresó que intentó consultar a la FECI, pero que la Fiscalía no quiso recibir la solicitud. Además, se justificó argumentando que existe un “convenio interno” que no permite a la FECI dar información sobre sus investigaciones, por lo que las pesquisas son “secretas”.
