Ayer el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), Juan Carlos Carías, afirmó durante una citación en el Congreso que desde el Organismo Ejecutivo se analiza decretar un nuevo estado de excepción para atender a las familias afectadas por la sequía, sin embargo, hoy el jefe del bloque FCN-Nación, Javier Hernández, dijo que esta medida no se está evaluando en el Ejecutivo.
Por Hedy Quino
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Ante esta situación, el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), Christians Castillo, afirmó que la discrepancia entre el bloque oficial y el funcionario de gobierno evidencia una descoordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
“No hay una buena comunicación entre los diputados y los funcionarios del Gobierno Central”, aseveró.
Castillo resaltó que este tipo de situaciones genera preocupación. «El Secretario de la Sesan es un articulador importante en temas para atender la desnutrición en el país, no es cualquier funcionario quien planteó esta posibilidad -decretar nuevo estado de calamidad», agregó Castillo.
El experto no descarta que está «descoordinación» sea parte de una estrategia política para asegurar la aprobación de un nuevo estado de calamidad.
Sin embargo Hernández, jefe de FCN-Nación, indicó que antes que la Presidencia decrete un estado de calamidad se lo comunica a la bancada oficial. «El Ejecutivo nos informa si decretará un estado de calamidad, ya que nosotros somos los encargados de buscar los acuerdos a lo interno del Congreso para ratificar el mismo», explicó Hernández.
El legislador agregó que, «las declaraciones del Secretario de la Sesan fueron sacados de contexto», y reafirmó que el Ejecutivo no pedirá un nuevo estado de calamidad.
COMPRAS POR EXCEPCIÓN GENERAN DUDAS
La jefa del bloque Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, señaló que los estados de calamidad se prestan para actos de corrupción. “Pese a que la Ley de Contrataciones regula las compras por excepción, durante estas adquisiciones se registran anomalías, sobrevaloraciones y abusos”, dijo.
Montenegro concluyó que el estado de calamidad debe ser una última opción del Estado. «Antes de decretar un estado de excepción el Gobierno debería trabajar en planes de prevención para evitar este tipo de situaciones», señaló.
Por su parte Castillo indicó que las compras por excepción aumentaron durante el gobierno del Partido Patriota (PP). “Los estados de calamidad se pusieron de moda durante el período del PP, en esa época se dieron a conocer casos poco transparentes”, aseveró.
“Estos estados de calamidad abren la posibilidad a los actos de corrupción, un claro ejemplo de esto es la compra de casas sobrevaloradas que se hicieron durante el estado de calamidad que se decretó tras la erupción del Volcán de Fuego”, explicó el analista.
