POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Dirección Institucional del Organismo Judicial (OJ) emitió una circular instando al personal de seguridad para que implemente medidas de prevención por posibles ataques de la “Mara 18”. Las fechas en las que habrá mayor riesgo, según el oficio, serán el 8, 18 y 28 de agosto.
El presidente del OJ y Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Antonio Pineda Barales, informó que la jefatura de seguridad hizo del conocimiento de la Presidencia y de algunos magistrados de la Corte la alerta. Por tal motivo, se procedió a tomar medidas preventivas.
El memorándum está dirigido a los encargados y agentes de seguridad de las regiones central, occidente, oriente, sur y norte.
“Por información confidencial se tiene conocimiento de posibles ataques contra jueces y magistrados e instalaciones del Organismo Judicial, por integrantes de la denominada Mara 18, por lo que se les recomienda estar atentos y elevar los niveles de seguridad”, se lee en el oficio.
Aunque se señala las tres fechas antes indicadas como las de “mayor riesgo”, se insta al personal de seguridad a mantener el estado de alerta y permanecer atento ante cualquier situación anómala que se detecte.
Según confirmaron fuentes de la CSJ, la alerta sobre posibles amenazas fue girada por el Ministerio de Gobernación (Mingob), por lo que se tomaron medidas de prevención correspondientes.
NO SE SUSPENDERÁN AUDIENCIAS
Según la CSJ, las alertas por posibles ataques no serán motivo para que se suspendan las audiencias que ya están programadas en los distintos órganos jurisdiccionales para esas fechas.
El pasado 18 de julio, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) suspendió los traslados de privados de libertad a la Torre de Tribunales atendiendo a una alerta de posibles ataques por parte de grupos delincuenciales.
Esto provocó que varias de las audiencias que estaban programadas para ese día se suspendieran. En esa ocasión, el presidente de la Cámara Penal de la CSJ, Josué Felipe Baquiax, dijo que la suspensión de las diligencias provocó retrasos en varios procesos penales, por lo que se analizaría enviar un oficio al Ministerio de Gobernación para que se resolviera la situación a la brevedad posible.
Asimismo, Baquiax indicó que la falta de traslados era una situación que era responsabilidad de las autoridades de gobernación.
La suspensión de traslados de privados de libertad a los distintos órganos jurisdiccionales, y en consecuencia la interrupción de audiencias, por amenazas de grupos delincuenciales han sido recurrentes en el transcurso del año.
Los meses del año en los que se han suspendido los traslados son enero, febrero, marzo abril y julio.
