POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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31 amparos, 40 apelaciones, cuatro exhibiciones personales, un recurso de queja y un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto se han interpuesto a lo largo del Caso La Línea, el cual se develó desde abril de 2015, según estadísticas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).
Luego de dos años de que la Fiscalía inculpara al presidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti de dirigir una estructura de defraudación aduanera, el caso aún no llega a la etapa del juicio.
Estos atrasos se deben, en parte, a los múltiples recursos y amparos que se han interpuesto durante el proceso.
De los 31 amparos, según el MP, ninguno ha sido interpuesto por la Fiscalía. La gran mayoría fueron presentados por sindicados.
Además, el MP también contabiliza cuatro exhibiciones personales, un recurso de queja y un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, considera que los abogados defensores han hecho un uso abusivo del amparo y se ha utilizado con el fin de retrasar el proceso penal en beneficio de los sindicados.
“El uso y abuso del amparo ha sido una de las grandes discusiones. (El amparo) es un recurso muy generoso y noble, pero el gremio de abogados lo que ha hecho es desnaturalizarlo y lo utilizan para retrasar los procesos en beneficio de los sindicados”, dice Mack.
Mientras esto sucede, dice Mack, se gana tiempo para que en el Congreso se gestionen leyes que procuren impunidad a los sindicados y a quienes conforman el Pacto de Corruptos.
En tanto, César Calderón, abogado del expresidente Otto Pérez Molina, considera que el retraso en el proceso penal se debe a una multiplicidad de circunstancias, entre estas la gran cantidad de sindicados.
Además, comenta que el derecho de defensa faculta el uso del amparo y, considerando la cantidad de sindicados, cree que los 31 amparos que se han interpuesto hasta el momento son pocos.
AUDIENCIA SUSPENDIDA
Aunado a los recursos y amparos, el proceso se ha visto retrasado por la suspensión de audiencias.
La audiencia de ofrecimiento de prueba, en la cual el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, debe decidir qué medios probatorios admite para que sean utilizados en el juicio, se han suspendido en cuatro ocasiones.
En tres ocasiones, la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue quien pidió que se suspendiera la audiencia.
Actualmente, el proceso se mantiene detenido porque Baldetti presentó una recusación contra el juez Gálvez, la cual ya fue trasladada a la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo.
Mientras la Sala no resuelva la recusación, el caso permanecerá detenido. Gálvez estimó durante la audiencia que esto podría durar 9 meses.
