POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones amparó a la empresa de telefonía Tigo, que recientemente emprendió acciones legales para conocer los motivos por los cuales el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) allanaron sus oficinas, informó el MP.
El amparo que presentó Tigo se deriva de una petición que realizó a la jueza titular del Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, Silvia Coralia Morales, para que se le diera a conocer detalles de los motivos por los cuales sus oficinas y las residencias de alguno de sus ejecutivos habían sido allanadas, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
No obstante, la jueza rechazó la petición de la empresa. Ante esto, la defensa presentó un recurso de reposición para que se reconsiderara la decisión, pero la jueza Morales lo rechazó in límine, es decir, sin entrarlo a conocer al considerar que la entidad no era parte del proceso.
Por tal motivo, Tigo presentó un amparo, el cual fue declarado con lugar por los magistrados de la Sala Tercera. En consecuencia, los magistrados de la Sala le ordenaron a la jueza Morales que dé trámite a los recursos de reposición al considerar que la entidad tiene “interés directo” en el caso, pues desde que se realizaron los allanamientos ellos son parte del proceso, informó al respecto el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Ahora, el Juzgado deberá analizar el recurso de reposición de Tigo y determinar si confirma su primera resolución o no.
ALLANAMIENTOS
En noviembre de 2017, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) allanaron inmuebles de Tigo con la finalidad de recolectar información sobre un caso que se encuentra bajo investigación.
En una actividad pública, la entonces Fiscal General, Thelma Aldana, informó que los allanamientos se relacionaban al Caso Construcción y Corrupción: Los negocios del Micivi.
En esa ocasión, Tigo emitió un pronunciamiento en el que aseguraba su compromiso con el Estado de derecho y el debido cumplimiento de la ley y aseguró que colaboró con los fiscales al entregarles toda la información requerida.
