POR REDACCIÓN LA HORA
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La directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) Nydia Arévalo, junto al subdirector Esteban Mollinedo, dijeron que no comparten la postura del juez Miguel Ángel Gálvez, en la que cuestionaba el papel del IDPP de consentir intentos de la exvicepresidenta Roxana Baldetti para entorpecer el proceso penal del Caso La Línea.
De acuerdo con Arévalo, el IDPP no tiene ningún interés en atrasar el proceso y más bien se muestran interesados en finalizar con la mora judicial.
La directora expresó que, en caso de que la abogada Gabriela Cardona hubiera aceptado representar a Baldetti durante la última audiencia del Caso La Línea, hubiera significado demasiada responsabilidad para ella puesto que primero debía enterarse del expediente de la exvicepresidenta.
Además, comentó que el juez Gálvez notificó al IDPP que requería un defensor público para Baldetti la tarde del día viernes y el lunes ya se le citaba a acudir a la audiencia, tiempo que estiman corto para conocer el expediente del caso.
Según explicó Arévalo, a Baldetti se le aplicará un estudio socioeconómico para determinar la capacidad de pago que pueda tener y, si se comprueba que cuenta con recursos suficientes, se le cobraría lo que resulte del estudio.
