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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia, ha recobrado su libertad y está libre de cargos. Sin embargo, durante estos dos años y siete meses que permaneció en prisión, le fueron extinguidos propiedades, vehículos y motocicletas de lujo que adquirió producto de actividades criminales (Para observar el listado haga click en la imagen principal). Y, según la Unidad de Extinción de Dominio, más bienes le podrían ser despojados, pues las investigaciones continúan.
POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Monzón se entregó a la justicia el 5 de octubre de 2015, casi seis meses después de que se girara una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación al Caso La Línea. A partir de su entrega, permaneció en prisión dos años y siete meses.
Durante este período, el Ministerio Público (MP), por medio de la Unidad de Extinción de Dominio, logró que varios de sus bienes, entre los cuales figuran motocicletas BMW, Ducati, Augusta y otras propiedades, le fueran arrebatadas y pasaran a formar parte de los activos del Estado.
Sara Sandoval, jefa de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, dijo que las investigaciones en materia de extinción de dominio continúan, por lo que no se descarta que nuevos bienes vinculados a Monzón, quien en su momento fue un hombre de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, sean extinguidos.
No obstante, ahora que Monzón ha recobrado su libertad, saltan a la palestra pública críticas y muestras de insatisfacción en algunas corrientes de opinión que consideran que la pena que el exintegrante del Partido Patriota (PP), una agrupación política señalada de ser partícipe de la cooptación del Estado, según las investigaciones, pagó en prisión es nimia en comparación con su conducta criminal.
A este respecto, Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), recuerda que Monzón logró enfrentar los procesos penales a los cuales se le vinculó en calidad de colaborador eficaz.
En ese sentido, la Ley contra la Delincuencia Organizada regula que los colaboradores eficaces, a cambio de colaborar con la Fiscalía con información valiosa y de entregar todos los bienes que adquirió producto de actividades ilícitas, recibe beneficios en la rebaja de la condena.
“Siempre va a haber un nivel de descontento hacia la aplicación de estos beneficios, venimos de una sociedad punitiva que nos ha acostumbrado que cuando hay falta esta es sancionada con castigo, eso es lo normal, pero estos casos premian al delincuente que confiesa delitos. De alguna forma queda sentimiento de injusticia e impunidad, pero es inevitable”, dijo Monterroso.
EXTINCIÓN
A Monzón se le extinguieron o inmovilizaron más de una treintena de bienes y propiedades.
Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, comenta que la aplicación de la extinción de dominio lanza un mensaje a quienes puedan formar parte de la delincuencia organizada, de que todos los beneficios económicos que obtengan mediante actividades ilegales les serán arrebatados.
El analista de la Fundación Myrna Mack considera que, a partir de ahora, será necesario darle seguimiento a qué uso se le dará a los bienes que le fueron extinguidos a Monzón y velar por que no sean objeto de actos de corrupción.
CONDENAS
Monzón fue condenado en los Casos La Línea y Cooptación del Estado.
En el primero, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, lo condenó a 3 años y 4 meses por el delito de asociación ilícita; a 3 años y 4 meses por defraudación aduanera y 2 años y 9 meses por cohecho pasivo. Las penas por los primeros dos delitos le fueron conmutadas y por cohecho pasivo la pena le fue suspendida, informó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
En tanto, en el Caso Cooptación del Estado, le fue conmutada una pena por asociación ilícita, se le suspendió la pena por cohecho pasivo y obtuvo un perdón judicial por el delito de incumplimiento de deberes. Fue condenado a cinco años por el delito de lavado de dinero pero recobró su libertad porque aplicó a un beneficio de libertad anticipada, según Sandoval.
