POR REDACCIÓN
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La Audiencia Nacional del Reino de España rechazó la petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) del Ministerio Público (MP) de extraditar al exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, al considerar que los hechos que se le imputan no encuadran dentro del delito de lavado de dinero u otros activos, según informó la agencia de noticias “EFE”.
Ligorría es sindicado dentro del Caso Construcción y Corrupción, los Negocios del Micivi y fue detenido en Madrid en septiembre de 2017. En un inicio, la Fiscalía requirió la extradición del exdiplomático también por el delito de financiamiento electoral ilícito, sin embargo, el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, consideró que este tipo penal tenía nexos políticos, por lo que no procedía la petición.
Por lo anterior, se requirió la comparecencia de Ligorría ante la justicia guatemalteca por el blanqueo de activos. Sin embargo, la Audiencia Nacional estableció que los hechos que el MP incorporó a la demanda no eran constitutivos de un delito de blanqueo de capitales tal como lo establece el derecho interno español.
La ruta que podría tomar ahora la Fiscalía guatemalteca, de acuerdo con la resolución del caso, es interponer una querella contra Ligorría a efecto de que este pueda ser enjuiciado en tribunales españoles.
Sin embargo, la portavoz del MP, Julia Barrera, informó que la Fiscalía no había sido notificada de la resolución de la Audiencia Española.
Según la investigación realizada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2011, la empresa Telgua S.A. contrató los servicios de Julio Ligorría para que los ayudara a resolver un litigio existente con Tigo.
Las pesquisas establecen que Ligorría, haciendo uso de su poder e influencia con dirigentes del Partido Patriota (PP), asesoró a Telgua y recomendó aportar al PP Q15 millones para la campaña electoral, los cuales fueron entregados a empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi por servicios que no fueron prestados. La agrupación política tampoco reportó estos recursos ante el Tribunal Supremo Electoral.
Ligorría, por medio del abogado Arturo Miranda, interpuso varios amparos en Guatemala con el fin de dejar sin efecto la solicitud de extradición. Sin embargo, el trámite de los mismos se suspendió en Guatemala.
Ligorría también intentó generar un acuerdo con la FECI para entregarse a la justicia guatemalteca. Sin embargo, impuso como condición que se revocara la orden de detención. No obstante, la Fiscalía no estuvo dispuesta a negociar tales condiciones, dijo en su momento el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
