Por Sonny Figueroa
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La Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y JusticiaYa, presentaron dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los diputados con conflicto de interés no conozcan las reformas que debilitan la tipificación del financiamiento electoral ilícito.
El primer amparo fue presentado por la Asamblea Ciudadana Contra la Corrupción y la Impunidad, y utilizó el artículo 98 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que establece que ningún diputado que esté presente en el acto de votar podrá excusarse de hacerlo, pero si tuviere interés personal en el negocio o lo tuviere algún pariente suyo en los grados de ley, deberá abstenerse.
Con eso pretenden que los diputados que podrían beneficiarse o beneficiar a sus partidos políticos con las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, se abstengan de votar, de lo contrario estarán cometiendo delito.
El segundo amparo fue presentado por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y la organización ciudadana JusticiaYa. Este pretende que la Corte deje sin efecto el dictamen favorable elaborado por la Comisión Extraordinaria que le dio vía libre a las modificaciones al delito de financiamiento electoral ilícito.
El amparo señala que cuatro diputados que firmaron ese dictamen tienen conflicto de interés porque sus organizaciones políticas están siendo investigadas por el delito de financiamiento electoral ilícito. Esos diputados son Moisés Castañón y Estuardo Galdámez por FCN-Nación y Óscar Argueta y Carlos Maldonado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En el amparo también se señala a Alejandra Carrillo porque fue electa por el Partido Patriota (PP) que ya fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de que no firmó el dictamen.
LAS REFORMAS QUE BUSCAN APROBAR LOS DIPUTADOS
La Comisión Extraordinaria elaboró un dictamen unificado y presentó una iniciativa de ley que reforma la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito, con lo que se favorece a los financistas y Secretarios Generales de las organizaciones políticas.
Con esta reforma, los Secretarios Generales dejan de tener responsabilidad legal y recae en los contadores de los partidos políticos. Además, se establece penas de hasta 5 años para los que cometan el delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado, lo que representa que sean conmutables.
Esta reforma beneficiaría a los señalados en casos que están en los Tribunales de Justicia, como el diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el presidente Jimmy Morales, quien tiene una solicitud de antejuicio por el delito de financiamiento electoral ilícito.
AGENDAN LA INICIATIVA
A pesar de la advertencia de los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y los amparos presentados ante la CC, la Comisión Permanente (integrada por diputados de Junta Directiva) programó en segunda lectura las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, las cuales se conocerán en la sesión de mañana.
