POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) se encuentra a la espera de que las autoridades mexicanas determinen si es viable la orden de detención provisional en contra del exdiputado Luis Rabbé, quien tiene una orden de captura vigente en Guatemala por su presunta vinculación al Caso Plazas Fantasma.
Recientemente, las autoridades mexicanas solicitaron información adicional a la Fiscalía sobre los daños que causó el exdiputado en Guatemala. Esto ya fue remitido al gobierno mexicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), según informaron fuentes oficiales.
Desde el 17 de diciembre del 2017, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó a la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales (UEAI) del MP, que tramitara la detención provisional con fines de extradición con el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, porque se tenía conocimiento de que Rabbé podría estar en el territorio de aquel país.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió a través del Minex la solicitud de detención provisional a México desde el 20 de enero del año en curso. Posteriormente, el 1 de enero, la Cancillería envió el pedido de detención provisional con fines de extradición al gobierno mexicano.
Actualmente, se está a la espera de que las autoridades mexicanas, luego de analizar la solicitud del MP, soliciten la orden de detención provisional con fines de extradición o, en su defecto, lo que regule la legislación mexicana al respecto.
El pasado 30 de mayo, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, informó que Rabbé había sido ubicado en el estado de Nuevo León, México.
En agosto de 2016, dos días antes de que la CSJ le retirara el derecho de antejuicio, Rabbé salió del país. En septiembre de ese año, un Juzgado ordenó su captura, pero el excongresista ya se encontraba prófugo.
En septiembre de 2016, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que Rabbé estaba en Nicaragua solicitando protección.
La Fiscalía requiere su comparecencia ante la justicia Guatemalteca, ya que se le sindican los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.
Entre los hechos que la Fiscalía le endilga a Rabbé, está que, mientras fungió como presidente del Congreso en 2015, autorizó para la Junta Directiva 164 plazas “con toma de posesión retroactiva”, que no tenían el perfil idóneo para desempeñarse en el cargo.
