POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) informó que los ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que cometieron actos de discriminación contra la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, deberán acudir a una audiencia de primera declaración en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, donde la Fiscalía les imputará varios delitos.
Los diputados que deberán acudir a la audiencia de primera declaración son: Juan Manuel Giordano, Laura Franco, Óscar Corleto, Rudy Pereira, Byron Chacón, Julio Juárez, Fredy Elías y Edgar Montepeque. En el caso de Juárez, ya se encuentra en prisión preventiva por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Danilo López.
Stuardo Campo, fiscal regional del MP, dijo que a partir de una investigación preliminar que realizó la Fiscalía, se determinó que los congresistas pudieron incurrir en los delitos de discriminación, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
“Con la investigación preliminar que se realizó, se halló mérito para la formación de causa de delito (…). Los hechos que en su momento fueron denunciados constituyen delitos de acción pública, donde el Ministerio Público tiene la obligación y el mandato constitucional de realizar la investigación”, dijo Campo.
Los hechos que motivaron la investigación sucedieron el 5 de abril, cuando la gobernadora Ventura asistió a una reunión con los diputados. Ese día, los congresistas la insultaron y profirieron palabras discriminatorias en su contra. Además, a gritos, le decían que ellos eran diputados y que ella tenía que obedecer sus instrucciones, según la investigación del MP.
Por estos hechos, el MP presentó antejuicio contra los congresistas y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, les retiró la inmunidad el 31 de agosto del 2016.
El caso estará a cargo de la jueza Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.
Campo dijo que, en cada caso, el MP realiza un análisis y en esta ocasión consideró que lo pertinente era solicitar al Juzgado que únicamente se citara a los diputados y no requerir una orden de captura.
