POR KIMBERLY LÓPEZ
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El informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) detalla varias anomalías y deficiencias en la adjudicación de contratos para el arrendamiento de un sistema que apoyara con la emisión de pasaportes. Los contratos alcanzan cifras millonarias y fueron adjudicados en la gestión pasada.
Durante el 2012, 2013 y 2014 la Dirección General de Migración (DGM) suscribió tres contratos por montos superiores a 1 millón de dólares, para la emisión de pasaportes. Sin embargo, hallazgos de la CGC señalan anomalías en la suscripción de dichos contratos y aseguran que la Dirección General de Migración cometió varios errores en la adjudicación, durante la gestión de la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal y el exministro, Mauricio López Bonilla.
La CGC realizó un análisis de un contrato con fecha de 15 de junio de 2012, suscrito con la empresa Técnicas y Sistemas de Seguridad, S.A., para el arrendamiento de un sistema tecnológico debidamente instalado y en funcionamiento para los centros de emisión de pasaportes a cargo de la DGM compuesto de hardware y software que permitiría la emisión de pasaportes a cargo de la Dirección.
El contrato fue por suscrito por un monto de 1 millón 75 mil 200 dólares, por un plazo de doce meses. Asimismo, el contrato ampliatorio (firmado en 2013) fue suscrito por un monto de 1 millón 444 mil 800 dólares, por el plazo de doce meses.
En octubre de 2014, el contrato principal fue ampliado con la suscripción de un nuevo contrato por 4 millones 435 mil 200dólares, para que la empresa beneficiada prestara el servicio por un plazo de 36 meses.
DEFICIENCIAS
Según las auditorías de la CGC, la Dirección General de Migración cometió una serie de errores y deficiencias en esos contratos.
En principio, realizó la contratación de arrendamiento bajo la modalidad de excepción amparándose en el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando debían realizar la negociación por la modalidad de licitación pública.
Esto evidencia que se obvió el proceso de compra establecido en la ley respectiva, según la Contraloría.
En el documento no se describen las características del equipo solicitado en las especificaciones técnicas, además de que las bases y especificaciones difieren de las ofertas del contrato original.
El contrato inicial contiene una cláusula que indica que el plazo de dicho contrato podría ser prorrogado por períodos iguales o menores. Esta condición fue incumplida por las autoridades.
Por estos errores, la CGC señaló como responsables a Mendizábal, López Bonilla, los viceministros de esa gestión y los directores administrativos financieros.
