Por Redacción La Hora
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Tras una enmienda aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU., el Departamento de Defensa tiene 180 días para presentar un informe que incluiría nombres de funcionarios gubernamentales de Guatemala, El Salvador y Honduras que han participado en actos de corrupción o narcotráfico o que han recibido o facilitado el intercambio de contribuciones de campaña que son producto de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.
Según un comunicado de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), la enmienda aprobada hoy exige al Secretario de la Defensa que envíe al Congreso los nombres de los funcionarios de gobierno en el Triángulo Norte involucrados en crímenes de corrupción o tráfico de drogas.
La enmienda fue presentada por la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, fundadora y copresidenta del bipartidista Caucus de Asuntos de Centroamérica, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y una defensora de los esfuerzos contra la corrupción en Centroamérica.
“Hoy, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”, dijo Torres en su declaración.
“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras han jugado un papel esencial en este proceso”, agregó.
Por su parte Adriana Beltrán, directora del programa de Seguridad Ciudadana de la Oficina del WOLA indicó que «Esta enmienda es evidencia de la importancia de combatir la corrupción en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.
«El Congreso debe seguir complementando la asistencia financiera de los Estados Unidos al Triángulo Norte con iniciativas como esta enmienda, con el fin de erradicar las amenazas a la seguridad, la prosperidad económica y los derechos humanos en la región» anotó Beltrán.
