POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Supervisión General de Tribunales visitó esta semana los despachos de los jueces Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, y de Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, por denuncias que interpusieron en su contra sindicados inconformes con los fallos que dichas judicaturas han emitido.
Las visitas de la Supervisión al juez Xitumul fueron en seguimiento a denuncias que interpusieron familiares y allegados a los militares acusados en el Caso Molina Theissen. Este juicio, en el que se acusa a cinco militares retirados de la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y las violaciones contra su hermana, Emma Guadalupe Molina Theissen, se encuentra en la fase final y en los próximos días el Tribunal dictará la sentencia.
Las quejas disciplinarias contra Xitumul fueron presentadas por Silvia Leticia Herrera de Callejas, Jennifer Rosalinda Zaldaña y Antonio Pupo. Los señalamientos son variados y van desde señalar al juez de tener una actitud misógina con los familiares de los acusados hasta reprochar que hay un resarcimiento millonario de por medio.
En tanto, la visita que realizó ayer la Supervisión al despacho de la jueza Aifán se debe a una queja disciplinaria que interpuso el magistrado Eddy Orellana (separado del cargo) alegando que el allanamiento que fue realizado en su apartamento el 23 de enero y en el cual se ejecutó su captura fue ilegal. Esto, ya que su esposa es magistrada y goza de antejuicio, por lo que, según Orellana, la jueza no debió autorizar el allanamiento.
Solo durante abril, la jueza Aifán ha sido denunciada cuatro veces en el régimen disciplinario por sindicados inconformes con sus resoluciones. Dos quejas son de Orellana, una es del abogado Moisés Galindo, procesado en el Caso Caja de Pandora y la última fue de la defensa de la familia Bitkov, cuyos miembros están procesados en el Caso Migración.
Ayer, la Supervisión también visitó el despacho del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez. En su caso, se informó que únicamente se trataba de una visita “preventiva” que se realiza periódicamente en todas las judicaturas.
PRESIONES
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que la Supervisión debería analizar si las denuncias contra Xitumul y Aifán se deben, en realidad, a que los sindicados están inconformes con sus resoluciones y no a una falta disciplinaria.
Ibarra asegura que, en muchas ocasiones, las denuncias en el régimen disciplinario son legítimas, porque hay jueces que cometen faltas disciplinarias.
Sin embargo, en los casos antes mencionados, pareciera ser que las quejas constituyen un método de presión de sindicados y allegados.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, considera que estas visitas constituyen un método de presión por los casos de alto riesgo que tramitan dichas judicaturas y asegura que el régimen disciplinario ha sido utilizado para violentar la independencia judicial de los “buenos” jueces.
