¿Miente o dice la verdad el presidente Jimmy Morales cuando asegura que nadie lo ha dejado trabajar en la reparación de una de las carreteras del Occidente del país? Recientemente el mandatario aseguró esto en un discurso público, pero autoridades del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y especialistas en temas de contrataciones opinan distinto.
POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
La semana pasada el mandatario se sintió acuerpado por una marcha de comerciantes del mercado La Terminal, que llegó hasta el Palacio Nacional a manifestarle apoyo. Morales salió acompañado de su Gabinete y lanzó una serie de acusaciones. La veracidad de uno de los señalamientos del mandatario sobre el mal estado de las carreteras del país queda en entredicho luego de comprender la forma en que el Ejecutivo ha actuado frente al tramo carretero con el cual Morales ejemplificó su ataque.
“A mí, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público y todos no me han dejado ni siquiera tomar carreteras para repararlas. Me refiero a toda la CA-2 Occidente, a toda la carretera del Pacífico que me tuvieron cuatro años sin poder tocarla, sin invertir un centavo… Solo estoy describiendo hechos y lo estoy haciendo en esta tribuna porque ustedes vinieron a exigirme y yo les digo que les juro que he tratado de hacer hasta lo imposible pero me han tenido de manos atadas”, fueron las palabras del mandatario.
Con este discurso, Morales se refirió al mal estado de uno de los proyectos carreteros heredados por la administración anterior.
LA CARRETERA QUE ODEBRECHT DEBÍA CONSTRUIR
La empresa Odebrecht fue contratada por el gobierno de Guatemala, durante la gestión pasada, para construir uno de los tramos carreteros del país: la CA-2 Occidente.
El contrato otorgado a la constructora fue aprobado de urgencia nacional, en octubre de 2012, por el Congreso de Guatemala. La obra formaba parte de la carretera “de frontera a frontera” que comunicaría México con El Salvador, ofrecida por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Para ese proyecto, el Ministerio de Comunicaciones pagó 150 millones de dólares a Odebrecht, pero esta empresa solamente construyó 36 kilómetros.
En torno a ese contrato salieron a luz una serie de anomalías que van desde el incumplimiento de contrato hasta el supuesto pago de sobornos a diputados de la actual y anterior legislatura, a cambio de autorizar el proyecto millonario. Por este último señalamiento, el Ministerio Público dio paso a una investigación que, hasta ahora, sigue en marcha.
No obstante, al asumir el nuevo gobierno, las autoridades ofrecieron la recuperación de ese tramo que quedaba pendiente de construir. Más de dos años han pasado y el Ministerio de Comunicaciones no ha logrado siquiera encontrar a una nueva empresa que pueda cumplir con el trabajo que Odebrecht dejó inconcluso.
Debido a la investigación emprendida por el Ministerio Público y a que el contrato firmado con la constructora aún seguía vigente, el Ejecutivo no podía licitar nuevamente el proyecto sin antes resolver con la empresa la liquidación del contrato firmado en 2012. No obstante, este proceso se ha realizado de forma pausada.
Para asesorar a la entidad ejecutora y responsable de ese proyecto, es decir, el Ministerio de Comunicaciones, se conformó una mesa técnica que recomendó una solución legal para resolver el proceso de liquidación y, así, reparar la carretera.
BUSCARON SOLUCIONES LEGALES
El titular de la Contraloría General de Cuentas, (CGC), Carlos Mencos, explicó que para atender las soluciones legales a la situación del contrato firmado con Odebrecht se realizaron reuniones con los encargados de atender el tema de Comunicaciones, es decir, con el exministro Aldo García. En esas reuniones también participó la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Nosotros les dijimos a ellos que en virtud de que el contrato ampliatorio y el contrato original formaban un solo contrato, podían hacer un procedimiento a través de varias acciones. Una de ellas era firmar un contrato modificatorio en donde tenían que liberar ese tramo que Odebrecht no había trabajado para evitar que el contrato perdiera efecto en virtud de que estaba siendo efecto de una investigación de parte del Ministerio Público”, explicó Mencos.
Morales asegura que el MP, junto con la CGC, “no lo han dejado tocar” dicha carretera. El año pasado, Mencos, el exministro de Comunicaciones y el fiscal a cargo del caso de Odebrecht, Juan Francisco Sandoval, sostuvieron reuniones para aclarar ese tema.
Según Sandoval, de parte del MP, no había ningún impedimento para que se pudiera ejecutar el proyecto de reparación de esta carretera. Por supuesto, salvando los aspectos administrativos a los que estaba vinculado el contrato.
Es decir, quedaba en manos del Ministerio agilizar las soluciones administrativas para poder reconstruir el tramo, sin afectar las investigaciones en marcha.
La Mesa Técnica de alto nivel que asesoraba a las autoridades de Comunicaciones estaba conformada por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Acción Ciudadana. Todos ellos recomendaron al Ministerio firmar una constancia, por escrito, que comprometiera a la empresa Odebrecht a liberar algunos sectores de la carretera que por contrato debería construir.
Para ello, debían recibir por parte de Odebrecht la renuncia expresa a las áreas donde la empresa no ha hecho ningún trabajo.
Según Mencos, la recomendación realizada no contemplaba la liquidación total del proyecto sino solo de la liberación de las áreas donde no ha trabajado la empresa, para que se pueda iniciar un nuevo proceso de licitación.
También determinaron la necesidad de reformar la legislación ante este tipo de proyectos que se quedan varados legalmente.
La procuradora Annabella Morfín, hizo la salvedad que la sugerencia de la Mesa no era vinculante a las decisiones que pudiera tomar el ministro. Además, señaló que veían mucha dificultad de parte de las entidades en ejecutar el presupuesto y concluir contratos con empresas sujetas a investigaciones.
En respuesta a esa recomendación, el entonces ministro Aldo García indicó que “tomaría en cuenta” la conclusión de dichas entidades y que iniciaría con los trámites para que la empresa renunciara a lo estipulado en el contrato.
Eso sucedió hasta finales de 2017 y, apenas el último mes, se logró que Odebrecht colaborara con la liquidación del contrato inicial, renunciara a ciertas cláusulas del contrato y, de esa cuenta, el Ministerio pudiera licitar nuevamente el proyecto.
“Para mí, fue totalmente una responsabilidad del Ministerio. Por supuesto, si ellos ponen de manifiesto alguna dificultad que pudieron tener para la operatividad de alguna acción sería distinto, pero en ningún momento lo señalaron”, agregó Mencos.
EXPERTO SEÑALA NEGLIGENCIA E INCAPACIDAD
Sin duda, así como lo expresó Morfín, había dificultad de parte de las autoridades en ejecutar su presupuesto. Muchas de estas dificultades intentaron ser justificadas por la complejidad de la Ley de Contrataciones.
Erick Coyoy, economista de la Universidad Rafael Landívar, asegura que justificarse en dicha ley demuestra la falta de capacidad de las autoridades para resolver estos temas.
“En el caso de Odebrecht, lo que hay es una situación judicial que no se ha resuelto hasta ahora que la empresa aceptó renunciar al contrato, no es un antojo de la CGC, ni del MP sino de un proceso legal que está por aclarase”, explicó el entrevistado.
“Aquí hay que decir”, agregó, que lo que falló fue la proactividad del Gobierno de buscar una solución con la empresa, por lo tanto, ahora no pueden culpar a terceros.
“AGARRAR LA ONDA” A LA LEY DE CONTRATACIONES
Hasta finales de 2017, el exministro García aseguró que acababa de “agarrarle la onda” a la Ley de Contrataciones. Esas declaraciones, según Coyoy, son una muestra de las dificultades que las autoridades reconocen tener sobre la interpretación y aplicación de la ley.
“Se han quejado de la ley de contrataciones, pero nunca hubo una intención de una reforma para ver si se lograba encontrar una fórmula para hacer más fáciles los procesos, pero de parte del Ministerio de Finanzas nunca hubo una apertura para discutir este tema”, comentó.
A criterio de Coyoy, las mismas autoridades del Ejecutivo fueron las que se “ataron de manos con su falta de capacidad de gestión”.
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, el Ministerio de Comunicaciones licita en el portal de compras y contrataciones los proyectos de reparación de tres tramos carreteros de la CA-2 Occidente. El concurso se encuentra en etapa de recepción de ofertas y, una vez recibidas las propuestas de las empresas interesadas, los proyectos podrán ser adjudicados. En tanto, para los automóviles que transitan a diario por esa ruta, sigue siendo difícil optimizar sus tiempos de traslado y viajar cómodamente.
