POR KIMBERLY LÓPEZ
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En las últimas semanas, se han intensificado las acciones del Organismo Ejecutivo para atacar el trabajo del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Con ese afán, el mandatario Jimmy Morales ha girado instrucciones a distintas entidades y funcionarios para emprender acciones que se enfocan en minar las investigaciones por financiamiento ilícito, que lo involucran, según analistas.
Entre las acciones que el mandatario ha ordenado figuran: una investigación del Consejo Nacional de Seguridad por un “allanamiento ilegal”, que según Morales se hizo en Casa Presidencial, la instrucción a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para revisar el mandato de CICIG, elaboración y difusión de videos para señalar a ambas entidades, entre otras acciones.
A criterio del analista Jorge Wong, con recursos públicos de tipo humano, financiero, técnico, entre otros, se ha buscado atacar el trabajo de las instituciones públicas.
El politólogo Jorge Wong cuestionó el hecho de que Morales ha enfocado su actuar como gobernante en defenderse de los señalamientos de CICIG. Wong señaló que Morales gobierna para sus propios intereses y también en defensa de quienes conforman el Pacto de Corruptos y se han agrupado para hacer una ofensiva.
“Vemos que se gobierna por los intereses del Pacto de Corruptos, el Presidente está siendo usado para proteger estos intereses de la clase política que han manejado al país en base a la corrupción”, agregó.
De la misma forma opinó el analista Ronalth Ochaeta, quien señaló que en el caso de Morales, el Pacto de Corruptos es una muestra de que el sistema de partidos políticos está en crisis porque en ese sistema es muy común el financiamiento ilícito, explicó.
Según Ochaeta, dicha crisis se traslada al Congreso y al Ejecutivo y sus acciones son reflejo de una reacción natural del sistema de partidos. En esa dinámica, utilizan los mecanismos que tienen a través de su poder, tratan de buscar los mecanismos institucionales que tienen para echar atrás la lucha contra la impunidad, agregó.
“El Presidente representa el poder institucional, lo que hace es tratar de comprometer la figura del poder Ejecutivo por intereses netamente personales, no son intereses de nación”, criticó.
Por su parte, Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), comentó que en medio de las acciones ordenadas por el Ejecutivo vale la pena recordar la naturaleza de cada institución.
Escobar explicó que en el caso de la investigación que realiza el Consejo Nacional de Seguridad, se percibe que con las órdenes giradas a las instituciones es posible que se esté provocando la desnaturalización de las mismas porque cada una de ellas debe cumplir una función determinada, a partir de determinados objetivos.
El Presidente le puede pedir a la PGN que analice el convenio o mandato de CICIG pero no en el espacio del Consejo Nacional de Seguridad porque no es un tema de seguridad nacional, comentó.
