Por Redacción La Hora
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El presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Felipe Baquiax, informó que tras una investigación realizada por la Supervisión General de Tribunales se determinó que la fuga de información sobre órdenes de detención que recientemente denunció el Ministerio Público (MP) no se originó en el Organismo Judicial (OJ).
El pasado 13 de abril, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunciaron públicamente que tres personas sindicadas de participar en actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lograron evadir órdenes de detención gracias a que días previos fueron alertados sobre los operativos policiales.
Los ahora prófugos son: Silva Madrid Romero, sindicada de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias; Carlos Humberto González Castellanos, sindicado de peculado, asociación ilícita y fraude, y Juan Carlos Fernández Valle, sindicado de lavado de dinero u otros activos.
Según el presidente de la Cámara Penal, la investigación de la Supervisión de Tribunales permite concluir que sí existió una fuga de información, pero no se acreditó que algún juez o personal del OJ sea el responsable de esta situación.
“Se ordenó por parte de la Supervisión de Tribunales realizar la investigación con respecto a estos hechos. Después del trabajo que dos supervisores realizaron, emitieron las conclusiones que sí hubo fuga de información, pero esta no se dio en el Organismo Judicial. No se acreditó que tanto juez como auxiliares quienes intervinieron en este caso hayan incurrido en faltas que merecen llevarlos a régimen disciplinario. Asimismo, se hicieron recomendaciones en torno a que se establezca en la mesa técnica entre las instituciones signatarias del convenio para que se busquen mecanismos de eficiencia en el uso del sistema informático como herramienta de apoyo” dijo Baquiax.
El magistrado indicó que con ello aclaran a la sociedad en general que, preocupados por los hechos acontecidos, se hicieron las investigaciones y se pudo establecer que en el Organismo Judicial no hubo participación de ningún funcionario.
Las órdenes de detención fueron giradas por el juez suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Gustavo Peinado.
De momento, se encuentra en marcha una investigación en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para determinar la responsabilidad de quienes hayan filtrado información sobre órdenes de detención.
Por su parte, el Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, indicó en conferencia de prensa que las investigaciones y pruebas internas hechas por la fuga de información de hace una semana fueron negativas, desvinculando a la PNC y al Ministerio de Gobernación de lo sucedido.
