Por Sonny Figueroa
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El exdiputado del Movimiento Reformador, Jaime Regalado fue designado como embajador de Guatemala en Nicaragua. Regalado fue uno de los firmantes del Pacto de Corruptos en septiembre de 2017, iniciativa que buscaba la conmuta de más de 400 delitos, y que beneficiaba a exfuncionarios señalados de actos de corrupción.
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dijo que la designación de Regalado responde a decisiones políticas y que fue el presidente Jimmy Morales quien hizo el nombramiento. Agregó que Regalado fue juramentado ayer y que asumirá como embajador el primero de mayo.
“Él –Jaime Regalado- va a formar parte del equipo de cuerpo diplomático en el exterior, él va como embajador para Nicaragua. Esa es una de las decisiones políticas que se pueden tomar dentro de los embajadores, este es el número seis de todo el cuerpo diplomático y se tiene –ese- derecho. Son decisiones políticas y quién dirige la política exterior es el señor Presidente”, dijo Jovel.
Al repreguntarle a la Canciller sobre cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para hacer la designación, se limitó a responder que fue una decisión política.
DEJA CURUL POR TEMAS PERSONALES
El 20 de marzo, el entonces diputado Jaime Regalado presentó una solicitud de un permiso para ausentarse por tiempo indefinido al Congreso de la República, no profundizando en el motivo, solo se limitó a decir que era por temas personales. Los diputados aceptaron su permiso y en su lugar fue juramentada Marisol Espina.
LOBBY EN ESTADOS UNIDOS
En junio pasado, se dio a conocer que el gobierno a través del entonces embajador Marvin Mérida, firmó un contrato para cabildeo en la Casa blanca y el Congreso de los Estados Unidos con la empresa Barnes & Thornburg.
Según documentos que salieron a luz, hacían constar que el exembajador se quejaba de la intromisión del que era embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson.
Tras la cancelación de ese contrato, cuatro diputados, entre ellos, Jaime Regalado, prestaron sus nombres para que algunos empresarios pagaran otro contrato de cabildeo cuyo objetivo era retirar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
