Por Sonny Figueroa
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Hoy se cumplen tres años desde que se dio a conocer el Caso La Línea, una estructura criminal que operaba en las aduanas del país, la cual era integrada por funcionarios públicos y dirigida por el exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. A tres años, los señalados aún no llegan a fase de juicio por una serie de acciones legales que han atrasado el proceso, lo que a decir de analistas, demuestra la importancia de fortalecer el Sistema de Justicia.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, este es un caso emblemático por la cantidad de funcionarios y personas señaladas, y por la extensa investigación realizada. Agregó que si el expediente no avanza en el Juzgado de Mayor Riesgo B, es por la serie de acciones que ha presentado la defensa de los señalados y porque no se resuelven de una manera pronta.
“Es un caso complejo por el número y perfil de los implicados, recordemos que no habían experiencias en esas investigaciones. Además, los señalados tienen técnicas de defensas y eso ha implicado que se atrase y que no vemos claridad en el caso. Eso nos deja una enseñanza para fortalecer el sistema de justicia para que pueda tener mejores condiciones a los jueces de alto impacto con un mejor equipo y que se puedan acortar los tiempos de resolver acciones”, explicó Marroquín, quien agregó que es lamentable que las reformas en este aspecto no sean una prioridad para el presidente, Jimmy Morales, ya que debe estar en la agenda de todo mandatario.
Para Hans Quevedo, analista político independiente, para tener un verdadero avance en la lucha contra la corrupción, las leyes y el sistema de justicia deben ser modificados para evitar las acciones legales que atrasan los procesos.
“Por un lado esto se puede ver positivo, pero algunos pueden cuestionar sobre que no hay una condena y se dice que hay un problema en la administración de justicia, pero también vemos un bloqueo porque las leyes permiten que estos personajes puedan atrasar los procesos, se habló que era para llegar hasta la elección de un Fiscal General que estuviera en contra de la CICIG”, dijo Quevedo.
Sobre el cambio que creó en la sociedad y en la clase política, Manfredo Marroquín dijo que la ciudadanía está a la espera de que los casos concluyan en una sentencia y que también está consciente de que la lucha contra la corrupción e impunidad es constante.
“La ciudadanía está consciente que la impunidad en el país es grande, pero tiene la esperanza de que la justicia pueda empezar a llegar. La clase política que es la principal señalada en estos casos, está a la defensiva tratando de boicotear los procesos. Buscan crear espacios de amnistía, rebajas de penas y no están viendo el clamor social. Vemos una clase política que gobernó los últimos veinte años que está en agonía”, concluyó el entrevistado.
