Por Sonny Figueroa
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El contralor general de cuentas, Carlos Mencos, se refirió a las propuestas que han surgido en la Comisión extraordinaria del Congreso de la República en las que castigan el financiamiento electoral anónimo hasta con tres años de prisión. A decir de Mencos, las penas deben ser duras e invitó a los diputados a reflexionar sobre las propuestas que se analizan.
El titular de la Contraloría explicó que en primer lugar, los partidos políticos no deben recibir este tipo de financiamiento -anónimo- y que en caso de recibirlo, las penas deben ser fuertes para erradicarlo y que en un futuro las organizaciones usen financiamiento únicamente de origen lícito.
“Nosotros estuvimos evaluando y la verdad yo no veo ninguna razón para que algún partido político tenga que usar ese financiamiento -anónimo-, en primer lugar, el financiamiento de dudosa procedencia no debe ser recibido por las agrupaciones políticas. Nosotros lo que proponemos es ponerle un alto total al financiamiento no transparente, queremos que el financiamiento sea cien por ciento lícito y en consecuencia que esté registrado. Ese financiamiento deberíamos dejarlo en una pena bastante fuerte”, dijo Mencos.
En relación a las propuestas que ha presentado la Comisión extraordinaria que elaborará una iniciativa de ley para modificar las penas, Mencos dijo que los legisladores deben hacer una reflexión para evitar este tipo de financiamiento en las agrupaciones.
Yo diría -a los diputados- que la instancia que le corresponde legislar por Guatemala es el Congreso de la República y por eso se debería hacer un análisis muy profundo del tema, toda vez que no se pueden dejar espacios para que quienes están pensando hacer esas prácticas ilegales encuentren un lugar de participación en el área política, señaló. De acuerdo con el funcionario, esa fue la propuesta y sigue siendo su punto de vista.
Para el titular de la CGC, aparte de la pena debe existir una inhabilitación para ejercer cargos públicos o ser contratista del Estado, ya que de esa manera se puede garantizar que las personas que cometan ese delito -financiamiento electoral anónimo- no pueden regresar al ámbito político en un período determinado.
“Otra cosa que es importante es que se inhabilite no solo al que recibe sino también al que da ese dinero, sea o no de dudosa procedencia. Nosotros propusimos la inhabilitación de cinco años”, concluyó el Contralor.
PROPUESTA DE LA CONTRALORÍA
La Contraloría General de Cuentas propuso penas de cuatro hasta doce años y una inhabilitación para los que cometan financiamiento electoral anónimo y no registrado, además, una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos públicos o ser contratista del Estado.
