POR DELIA BONILLA
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En el contexto de la discusión que hay en el Congreso de la República sobre reformas al financiamiento electoral ilícito y a partir de las propuestas presentadas por algunos diputados, el Jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, Oscar Shaad, insiste en que las penas por delitos electorales deben ser inconmutables y que se deben establecer de forma proporcional a los delitos cometidos.
A consideración del MP, el financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado deben ser condenados con penas de tres a ocho años de prisión inconmutables, “la sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular, además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos”, agrega la propuesta del MP.
En cambio, la propuesta que discuten los diputados de la Comisión Extraordinaria que analiza la reforma al delito de financiamiento ilícito sobre el artículo 407 N del Código Penal, propone que la pena máxima para el financiamiento electoral anónimo sea de 3 años y de 5 años para el financiamiento electoral no registrado, así como la permisividad que sean conmutables.
En ese sentido, Schaad hizo un llamado a que el Legislativo tome en cuenta la propuesta realizada por el Ministerio Público, “nosotros esperaríamos que la propuesta sea analizada”, resaltó.
PROPUESTAS SERÍAN UN RETROCESO
Al respecto, Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, indicó que de ser aprobada la reforma como lo propone el Congreso sería un retroceso para la justicia en Guatemala, porque se verían afectados los casos que ya se llevan en juicio y afectaría a los procesos que están siendo investigados hasta el momento.
Para el analista Renzo Rosal, el Congreso desea darle vuelta a lo establecido por la ley para que “contra viento y marea” impongan su voluntad y así establecer un proceso de pseudoamnistía. “Le llamo así porque no es una amnistía abierta y declarada, pero evidentemente al relajar las penas y el contenido del artículo se convierte en algo absolutamente peligroso y contradictorio… este fenómeno ha condicionado no solo los procesos electorales sino también el poco desarrollo de la democracia en el país”, indicó.
Por su parte, el diputado Jean Paul Briere, del Frente Parlamentario por la Transparencia, indicó que como parte de la propuesta de reformas sugirieron establecer una multa que fuera correspondiente al 50 por ciento del financiamiento que se haya otorgado de forma ilícita, sin embargo declaró que no fue tomada en cuenta.
