POR REDACCIÓN
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La presidenta de la Barra de Abogados de Estados Unidos, Hilarie Bass, le restó mérito a un artículo de opinión publicado en The Wall Street Journal por Mary Anastasia O’Grady, en el que señala que el Caso Migración, donde fueron condenados ciudadanos de origen ruso, se trata de una “venganza del Kremlin” en Guatemala y cuestiona el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso de los rusos.
Según Bass, la autora de la publicación ignora el papel que ha jugado el Ministerio Público y la CICIG en la lucha contra la corrupción.
O’Grady inicia su artículo asegurando que “no se presentaron pruebas plausibles” en los tribunales guatemaltecos que involucraran a Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova, ciudadanos rusos que fueron condenados por comprar a una estructura criminal documentación falsa para poder permanecer en territorio guatemalteco.
No obstante, según una carta que envió la presidenta de la Barra de Abogados al Wall Street Journal, O’grady desconoce que tanto la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han sido actores trascendentales en la lucha contra la corrupción.
“La American Bar Association ha presenciado el notable progreso impulsado por la CICIG en la lucha contra una corrupción profundamente arraigada y la promoción de un Estado de Derecho justo”, menciona Bass en la misiva.
Además, Bass señala que hablar sobre el Caso Migración de una forma “aislada”, omitiendo el trabajo que la CICIG ha realizado para desmantelar “estructuras criminales que han cooptado al gobierno guatemalteco”, es favorecer los intereses de aquellos sectores que se ven amenazados por la lucha contra la corrupción.
PRONUNCIAMIENTO
El MP y la CICIG emitieron un comunicado asegurando que a todos los acusados en el Caso Migración se las trató con respeto a sus derechos humanos.
Además, los entes de investigación aseguran que, a lo largo del proceso penal, los ciudadanos rusos no presentaron evidencias de que sufrieran persecución en Rusia.
El MP y la CICIG los acusaron de hacer uso de una red de falsificación de pasaportes conformada por 39 personas, entre quienes figuran exfuncionarios de la Dirección General de Migración y del Registro Nacional de las Personas.
Desmantelar este tipo de estructuras ayuda a prevenir la actividad de redes de tráfico de influencias en el país, afirmaron en el comunicado.
