POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

El próximo 31 de marzo, el Ejército de Guatemala abandonará las labores de seguridad ciudadana, que realizó junto a la Policía Nacional Civil (PNC) desde el año 2000 al primer trimestre de 2018, durante la administración de Alfonso Portillo hasta la de Jimmy Morales.

Los gobiernos, sin mayores argumentos y estadísticas que reflejaran el impacto del Ejército en labores de seguridad ciudadana, fortalecieron a las fuerzas castrenses, aún en tiempos de paz.

La Hora consultó a David Martínez-Amador, sobre el análisis que hace del Ejército en la seguridad ciudadana a pocos días de que abandonen esa tarea. En ese sentido, explica que los elementos castrenses solamente han sido ornamento.

Martínez-Amador ha sido profesor universitario en Guatemala, México, Canadá y Costa Rica. Fue exbecario del Departamento de Estado Norteamericano y consultor externo para diferentes agencias estatales de seguridad en la región, así como instituciones de justicia.

La Hora. ¿Qué expectativas hay por el retiro del Ejército en las calles?

David Martínez-Amador. El retiro es simplemente un disuasivo a la criminalidad común.  El Ejército no investiga, no hace allanamientos, no realiza detenciones por lo tanto su impacto sobre la criminalidad es nula.  Lo que pasa es que en Guatemala se tiene la percepción que si los militares están en calles entonces el crimen desaparece. Eso es falso.  La evidencia nos muestra que en zonas adyacentes donde el Ejército hace tareas contra el narcotráfico, hay pistas, hay movimiento, y hay colusión.  En zonas urbanas donde opera con fuerzas de tarea, los índices de homicidio no bajan.   Ha sido ornamental.

L. H. ¿La seguridad ciudadana era una tarea que le correspondía asumir al Ejército, en tiempos de paz?

D. M.-A. En teoría no. En época propiamente post-conflicto,  los ejércitos no tienen sentido alguno.  Se genera la discusión si los militares deben transformarse en una guardia civil  u otro tipo de gendarmería.  La dinámica relacionada al trasiego de drogas permitió otra vez hacer uso del efectivo militar ´protegiendo fronteras´ aunque, es evidente que el narcotráfico les corrompió. Ahora, el problema de fondo en Guatemala es que constitucionalmente no hubo modificación alguna al entrar en etapa post-conflicto para que el Ejército dejara de ser el garante de la soberanía interna.  En ese sentido hay una contradicción entre el marco jurídico y las acciones de política pública de seguridad.

L. H. ¿Qué expectativas hay para que la PNC asuma completamente las labores de seguridad ciudadana?

D. M.-A. Los últimos resultados en seguridad (26 homicidios por 100,000 habitantes) es un logro enorme de la PNC.  Esa tasa de homicidios está ya dentro del rango normal en las grandes ciudades latinoamericanas cómo México D. F. que se mercadea de ser bastante segura.  Esa tasa para Guatemala es nacional.  La PNC puede hacerlo, pero necesita insumos, apoyo, recursos.  Si la van a asfixiar como han hecho históricamente para luego justificar que los civiles no dan una en materia de seguridad y entonces entran los militares en caballo blanco, pues sí, volvemos a la historia de siempre.  Si con las condiciones tan complicadas que la PNC tiene llegamos a la cifra de 26 por 100,000 –habitantes- solamente basta imaginar lo que podría hacerse si recibiera todo el apoyo que debe recibir.

L. H. ¿Es posible medir los resultados de la presencia del Ejército en los patrullajes?

D. M.-A. No hay mucho  para medir dado que su presencia es solamente un ornamento.  No detiene, no investiga, no hace allanamientos.  La criminalidad común quizá se retrae,  pero ha quedado claro que los pandilleros se sienten cómodos traficando armas con militares, y los narcotraficantes lo hacen igual.

L. H. ¿Cree que el retiro del Ejército será definitivo? ¿Podría surgir la intención de regresarlos a labores –de seguridad ciudadana-?

D. M.-A. Conociendo cómo son las cosas en Guatemala,  es muy posible que se revierta la medida en el futuro por razones políticas se vuelva a colocar al Ejército en las calles. La medida responde a los objetivos planteados en el Plan Alianza para la Prosperidad pero Guatemala tiene pésimo historial cumpliendo objetivos en este tipo de acuerdos.   Es más,  me atrevo a decir que lo que podría llegar a suceder es un incremento de la violencia para desmerecer la tarea de PNC y así volver a justificar la presencia de los militares en tareas de seguridad interna. Así se “juega” en Guatemala.

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