Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt

Los 158 diputados que integran el Congreso de la República representan un gasto de más de Q64 millones anuales en sueldos, sin contar los recursos que se invierten para sus viajes, seguro de vida y gastos médicos, entre otros. En contraste, el nivel de productividad de los legisladores ha sido deficiente y, en algunas ocasiones, contraproducente a los intereses de la población, expresaron analistas.

CONGRESO MÁS CARO EN CENTROAMÉRICA

A nivel de Centroamérica, los diputados de Guatemala ocupan el tercer puesto de los salarios más altos para sus legisladores. Un diputado en promedio recibe mensualmente Q29 mil 150, es decir unos US$3 mil 949.42. Sin embargo, el Congreso de Guatemala es el que más gasta al año en comparación a otros legislativos de la región al erogar Q64 millones 472 mil 543, aproximadamente US$8 millones 736 mil 117 (a un tipo de cambio del Q7.38 por US$1.00), porque está integrado por más diputados que el resto de los congresos de Centroamérica.

A través de las páginas web de los congresos de los países de centroamericanos, Diario La Hora verificó el sueldo de los diputados de cinco países, y de esa cuenta se constató que Costa Rica es el país que mejor paga a sus diputados, ya que reciben al mes US$6 mil 856.17.

En segundo lugar, se encuentra El Salvador que eroga US$4 mil 015.71 mensuales a cada uno de sus legisladores. Guatemala se ubica en el tercer puesto con US$3mil 949.42. Nicaragua y Honduras, se ubican en cuarto y quinto lugar con US$3 mil 265.62 y US$2 mil 326.94, respectivamente.

A pesar de que los diputados de Guatemala se ubican en la tercera posición, el Congreso guatemalteco es el que más gasta anualmente en el pago de sueldos. Guatemala tiene 158 diputados, los congresos de Costa Rica (57), El Salvador (84), Nicaragua (92) y Honduras (128) pero todos tienen menos diputados que Guatemala.

Así se distribuye el sueldo de los diputados guatemaltecos: Q9 mil 550 de salario base, Q9 mil 600 de dietas de asistencia a sesiones plenarias, Q5 mil de gastos de representación y Q5 mil de dietas por asistencia a sesiones de las comisiones de trabajo.

LISTADOS NO DAN REPRESENTATIVIDAD

El lector Jorge Romero comentó a través de las redes sociales que uno de los problemas que a su juicio tiene nuestro sistema, es que en Guatemala la representatividad no es idónea porque se elige mediante listados cerrados que no permiten otorgar votos directos y por tanto, los electores no puede designar representantes de manera directa que eventualmente, puedan decir, que tienen la total representatividad de su distrito.

SEGURO DE VIDA Y GASTOS MÉDICOS

Otro de los beneficios que reciben los diputados del Congreso de República es un seguro de vida y gastos médicos. Durante 2017, el Legislativo pagó a la empresa Seguros G&T, Sociedad Anónima, Q5 millones 633 mil 880 por este servicio para los 158 diputados y 22 directores y subdirectores legislativos. Solo en diputados representó un costo de Q4 millones 945 mil 294.

Datos que se solicitaron vía acceso a la información pública, dan cuenta que en los últimos seis años el Congreso pagó Q29 millones 671 mil 764 por este servicio para cobertura de los diputados. Estos concursos fueron adjudicado a la misma empresa, Seguros G&T, S.A.

Al ser consultado sobre este gasto, el primer secretario de la Junta Directiva, el diputado Estuardo Galdámez se limitó a decir “está bien, tienen derechos los diputados de tener un seguro de vida que verdaderamente sea justo y digno para su persona” y evitó los cuestionamientos sobre si los diputados deberían usar el servicio que ofrece el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Manfredo Marroquín indicó que nadie está contento con el trabajo que hace el Legislativo y que la adquisición de un seguro de vida y gastos médicos contribuye a que la credibilidad del Congreso siga cayendo.

“El Congreso sigue legislando para beneficio propio, nadie estaría en desacuerdo que ellos tuvieran ese seguro si la población tuviera un acceso mínimo a los servicios de salud. Al tener esto ellos se ubican como ciudadanos de primera categoría, mientras que la población sigue padeciendo la carencia de los servicios”, explicó.

Para Renzo Rosal, que los diputados gocen de este beneficio es sinónimo que entienden la realidad y precariedad que existe en el servicio que brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Agregó que si los congresistas buscan un seguro de vida y gastos médicos deben adquirirlo acorde a las finanzas del país.

“En el sector público es común que se contrate seguros médicos privados y no se usa el seguro social, eso revela la precariedad del servicio. Supongamos que lo aceptamos, se vale que lo contraten (el seguro de vida y gastos médicos) si su trabajo legislativo sea el adecuado, otra cosa, deben contratar un seguro más coherente en relación las finanzas del país. Tenemos un Congreso cuestionable, con deficientes y con beneficios que no son justificables”, expresó el entrevistado.

LOS VIAJES TAMBIÉN SON PARTE DE LOS GASTOS

Otra modalidad en la que se gastan los recursos públicos es en el pago de viajes y viáticos. En 2017, 56 diputados realizaron 90 viajes a 21 países. Eso representó para el Congreso un desembolso de Q2 millones 33 mil en concepto de boletos aéreos y viáticos, según datos del acceso a la información pública. El costo total de los viajes de los parlamentarios se divide en boleto aéreo y viáticos. En el rubro de los boletos aéreos, el Congreso erogó Q460 mil 747 y en los viáticos Q1 millón 572 mil 382 para hacer el total de Q2 millones 33 mil. En algunos viajes el costo no era asumido por el Legislativo, ya que los diputados eran invitados por otros países y entidades.

Manfredo Marroquín dijo que debe existir un control sobre los viajes de los diputados, porque no todos son importantes. “Los viajes siempre han sido un tema polémico en el Congreso porque no hay una buena regulación, recordemos que en el pasado los diputados viajaban para pasear”, concluyó.

Constantemente analistas, sociedad civil y la ciudadanía cuestionan el desempeño de los diputados, el trabajo que realizan como legisladores pareciera desproporcional al gasto que les representan a las arcas públicas. Para este año, distintos sectores de la población esperan la aprobación de reformas que han sido demandadas constantemente por la ciudadanía. Sin embargo, a dos meses y medio, el Congreso ha dado muestras de no tener interés en legislar a favor de la agenda del pueblo, la semana recién concluida pretendían empezar a aprobar las reformas a la Ley en Materia de Antejuicio, algo que levantó críticas y el rechazo de varios sectores, ante la discrecionalidad que podía representar que los procesos para el retiro de inmunidad de altas autoridades del país recayera en sus manos.

DECRETOS APROBADOS POR DIPUTADOS EN 2017

Durante 2017, el Congreso de la República aprobó 22 decretos, siendo los más destacados las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil, la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales, las reformas a la Ley de Alimentación Escolar y reformas al Código Civil, que impide el matrimonio con menores de edad. Sin embargo, los diputados también aprobaron los decretos que dieron vida al Pacto de Corruptos, al modificar el Código Penal para librar de responsabilidad a los Secretarios General de los partidos políticos en cuanto al financiamiento electoral ilícito, acción por la que debieron recular en septiembre.

Los diputados tienen una agenda pendiente con la población, no han aprobado leyes que son de beneficio para el país como las reformas constitucionales al sector Justicia que fueron apoyadas e impulsadas por el mismo Legislativo en un principio, pero principalmente por varios sectores de la sociedad, a esas se suman las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la creación de una ley de desarrollo rural y las reformas a la Ley de Compras y a la Ley de Servicio Civil, según analistas.

A decir de Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana (AC) los guatemaltecos no reciben una legislación orientada a satisfacer sus necesidades en salud, educación y seguridad, y eso se debe a que los diputados responden a ciertos intereses.

“La relación de gasto y resultado es pobre, es decir no hay comparación en lo que se invierte y lo que da el Congreso. Los números son bajos (decretos aprobados), la calidad de las leyes no son las correctas. Realmente es un Congreso que gasta mucho y que da poco a su población. El Congreso debe pensar en una reforma general porque no es profesional, es un pobre desempeño”, dijo Marroquín.

El analista político independiente, Renzo Rosal calificó como ineficiente la labor del Congreso de la República. Añadió que el costo por los diputados versus el desempeño en la creación y reformas de leyes no van de la mano. A opinión del entrevistado, la calidad legislativa es “aberrante” porque los legisladores han aprobado leyes a su beneficio o para algún sector en particular, pero no para la población.

“El Congreso de Guatemala es ineficiente, es decir, es altamente oneroso para el país con una actuación legislativa muy pobre. El Congreso también debe cumplir su función de fiscalización y mediación, si le añadimos esas funciones a la labor legislativa, nos encontramos que es un Congreso que queda a deber”, expresó Rosal.

LA PROPUESTA NO ES LO DE TODOS

Durante 2017, 170 iniciativas de ley fueron presentadas en el Congreso de la República, sin embargo, 30 de los 158 diputados no presentaron ninguna propuesta, según el registro de Dirección Legislativa. Además, algunos diputados no elaboraron las iniciativas, solo se sumaron con su firma a las de otros legisladores, de esa cuenta, solo 29 parlamentarios presentaron iniciativas de ley propias.

A opinión de Hans Quevedo, analista político, no importaría el número de decretos que apruebe el Congreso, siempre y cuando sean de buena calidad, pero resalta que no han aprobaron leyes de calidad y de beneficio para el país. Añadió que los diputados no están en sintonía con la realidad porque presentan iniciativas que no son de beneficio para los guatemaltecos, mientras otros ni siquiera presentan.

“Una cantidad baja de decretos podría ser un numero aceptable siempre y cuando fuera de buena calidad, en temas de seguridad y fortalecimiento de justicia. Además, a eso se tiene que sumar la auditoria que hacen los diputados a los funcionarios y algunos no lo hacen, parecen satélites”, concluyó.

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