POR REDACCIÓN LA HORA*
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La semana pasada, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), fue capturado por su presunta implicación en el caso Transurbano, convirtiéndose en un Presidente más de la llamada “era democrática”, que es vinculado a alguna ilegalidad o que debe enfrentar a la justicia, lo cual, a consideración de analistas, sociedad civil y diputados, pone en evidencia la fragilidad del Estado; demuestra un régimen de impunidad o corrupción para otros, así como la necesidad de insistir en fortalecer el sistema electoral del país.
Colom no es el primer Presidente de las últimas décadas que es detenido o enfrenta un proceso judicial. Por ejemplo, Jorge Serrano Elías (1991-1993), el segundo mandatario de la era democrática vive asilado en Panamá, tras romper el orden constitucional. Aún es solicitado por la justicia de Guatemala y tiene un expediente abierto por cargos relacionados a la violación de la Constitución.
Alfonso Portillo (2000-2004) fue acusado también por actos de corrupción, aunque en Guatemala fue absuelto, tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad se ejecutó su extradición para comparecer ante la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero. Luego de declararse culpable en 2014 y obtener una pena mínima, regresó al país en 2015.
Otto Pérez Molina (2012-2015), renunció a la Presidencia tras perder su inmunidad para que fuera investigado y compareciera ante los tribunales de justicia por su presunta participación en La Línea, el caso que marcó una nueva etapa del actuar del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra la corrupción.
Pérez Molina sería vinculado a otra diversidad de investigaciones y casos de alto impacto relacionados a sobornos y sustracción de fondos estatales, algunos de ellos junto a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Ya fue enviado a juicio por el Caso La Línea.
Actualmente, Álvaro Arzú quien fue presidente de la República (1996-2000), enfrenta un proceso de antejuicio por el Caso Caja de Pandora, un expediente que involucra al reo fallecido y miembro de la seguridad presidencial cuando Arzú fue mandatario, Byron Lima.
Según las pesquisas del MP y la CICIG el partido Unionista, la plataforma electoral de Arzú y Lima habrían incurrido en el delito de financiamiento electoral ilícito, hechos específicamente relacionados a la última contienda electoral en la que participó el partido Unionista y agrupaciones aliadas. Dentro de esta investigación se menciona al jefe edil en su época presidencial para evidenciar la añeja la relación con el capitán Lima.
Jimmy Morales, el actual presidente de la República, sorteó una solicitud de antejuicio planteada por el MP y la CICIG por un aparente caso de financiamiento electoral ilícito al partido que lo llevó al poder, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
DEMUESTRA UN RÉGIMEN DE IMPUNIDAD
El hecho de que muchos, incluso, casi todos los Presidentes guatemaltecos de la era democrática estén implicados de alguna forma en señalamientos de corrupción o sean señalados de actos ilícitos deja ver la fragilidad del Estado.
Renzo Rosal, analista y politólogo, comentó que lo primero que se puede interpretar de esta situación, es que hay administraciones gubernamentales que son expresiones y consecuencias de ser Estados frágiles. “No hemos logrado aprovechar esas transiciones democráticas”, indica el entrevistado.
La llamada “era democrática” empezó en 1986, cuando el poder Ejecutivo pasó a manos de civiles, luego de varias décadas bajo regímenes militares. El primer presidente de esta época fue Marco Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991).
El politólogo explicó que, a juzgar por los señalamientos hechos a varios de los exmandatarios, se puede decir que cada uno, en su momento, ha hecho de su gobierno un “amenizador” de la corrupción.
“Tenemos un régimen de impunidad que ha tenido diferentes gobiernos”, señaló.
DICTADURA DE CORRUPCIÓN
Según Álvaro Montenegro, miembro del colectivo JusticiaYa, aunque los casos de corrupción que han salido a luz demuestran la capacidad de las entidades de justicia para realizar investigaciones independientes, en gran parte, gracias a la CICIG y el apoyo de la ciudadanía a estos procesos, también deja mucho que decir de la calidad del sistema democrático.
“Esto demuestra que se necesitan cambios institucionales muy fuertes que el sistema se niega a dar, por ejemplo, una renovación del sistema de partidos políticos”, explicó Montenegro.
“Se necesita renovar la clase política y una mayor participación ciudadana, pues en los últimos años ha quedado en evidencia que los Presidentes y la intención de llegar al poder es únicamente para enriquecerse”, comentó.
Según el entrevistado, durante los últimos años “hemos estado bajo una dictadura de corrupción”.
DIPUTADA MONTENEGRO SEÑALA PREOCUPACIÓN
Para la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, los casos que involucran a los Presidentes de la era democrática genera preocupación, por sus consecuencias en la “frágil democracia” y los objetivos que habrían tenido los mandatarios de alcanzar ese puesto.
“Obviamente hay una profunda preocupación por lo que está pasando en la frágil democracia de Guatemala con gobiernos ya electos popularmente. No nos agrada saber que para optar a estos cargos se hayan hechos campañas millonarias, sino que se hicieron negocios –durante los gobiernos- que pudieron -ir- a dar a bolsillos de donantes. Urge la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y la solidez del país para entender los cambios que se están viviendo”, opinó.
Además, lamentó que ese tipo de acciones ha provocado apatía en la ciudadanía, pero considera que aun así es importante reconocer la lucha contra la corrupción que se ha emprendido en el país.
“Se ha generado una apatía generalizada. La población ha dejado de creer, ya no cree en nada ni en nadie. Ha llegado al punto de ser una sociedad que vive dentro de su propio mundo y quiere olvidarse de lo que está pasando, y muy difícilmente –esa persona- va a recuperar la confianza en la política, en los políticos y en el sistema, he ahí la necesidad de decir que urgen transformaciones y creo que la contienda electoral que se da cada cuatro años, se verá la apatía. Yo veo a una población agobiada, harta, cansada, desesperanzada y es muy penoso. Sin embargo, se deben sentir orgullosos de que Guatemala es un referente por entrarle a la lucha contra la corrupción, creo que eso debería levantarle el ánimo a la población”, añadió.
Por último, hace referencia a la implicación que tienen las campañas políticas y sus costos en el comportamiento e intenciones de quienes desean acceder a la Presidencia de la República.
“Las campañas políticas millonarias, el poco control del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces hacía que cualquiera quisiera competir para llegar a la Presidencia con millones provenientes de fuentes anónimas o ilícitas que luego se han descubierto. Cada vez las campañas se hacen más grandes y eso encanta a las personas. No hay necesidad de decirlo, es muy lamentable y creo que tal vez en el inicio tuvieron muy buenas intenciones –los expresidentes- pero luego la coerción de sus donantes y financistas los hicieron sucumbir. Muchos pudieron tener los deseos de hacer bien las cosas, pero creo que las deudas que ya llevaban los hicieron transformase”, puntualizó la entrevistada.
CAMBIAR EL RUMBO DE LA CLASE POLÍTICA
Al ser cuestionado el diputado Juan Paul Briere del Frente Parlamentario por la Transparencia sobre ¿cómo queda la figura del Presidente tras los casos de corrupción es los que se han visto involucrados?, resaltó cómo afecta a la clase política y la necesidad de cambiar el “rumbo”.
“Yo creo que no se trata de la figura del Presidente, es más la figura individual porque lo que podemos entender es que la figura del Presidente es un jefe de Estado, que algunos en su momento hayan incurrido en ilegalidades, eso es un tema personal. Por supuesto todo esto afecta a la clase política, tenemos que cambiar el rumbo”, comentó.
A consideración de Briere, un Presidente se postula para servir a la población, pero mencionó que los actos de corrupción se ven ligados con la devolución de los favores obtenidos en las campañas electorales. Aunque advierte que los favores políticos pueden continuar, recuerda la importancia de las reformas electorales y sobre todo el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Favores políticos pueden existir se hagan o no se hagan reformas. Lo que se debe hacer es fortalecer y se debe buscar es el voto nominal, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral y que sea un ente fiscalizador y democratizar los partidos políticos. Si fortalecemos el TSE va a hacer menor el tipo de favores que tienen que hacer los políticos que salen victoriosos”, mencionó.
El comisionado Iván Velásquez también se ha referido en varias ocasiones al tema del financiamiento electoral ilícito y sus implicaciones en el sistema de partidos políticos, lo cual ha considerado “el pecado original de la democracia guatemalteca”.
“Se concluyó que en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera en que los partidos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos del financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción y han socavado la democracia guatemalteca”, explicó Velásquez en un foro realizado en octubre de 2017, en donde recordó el informe sobre partidos políticos que presentó CICIG en 2015.
NADA POR SENTADO
Por su parte, Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indica que muchos de los señalamientos a expresidentes apenas están en el estatus de acusaciones y no debe darse nada por sentado.
Según el empresario, de ninguna forma este tipo de casos y antecedentes deben poner en cuestionamiento el sistema democrático del país.
“El sistema democrático no debe verse ni cuestionado ni en peligro, al contrario, es una muestra para fortalecer la institucionalidad en el país”, dijo.
El entrevistado aseguró que es muy importante la presunción de inocencia y que se garantice el debido proceso.
*Con información de Kimberly López y Sonny Figueroa.
