POR REDACCIÓN LA HORA
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La titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, deberá rendir el informe pesquisidor del antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú. Su carrera como jurista acarrea varias resoluciones que han sido cuestionadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Secaida deberá rendir su informe pesquisidor a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal la próxima semana, ya que el plazo de 60 días hábiles que le otorga la ley para realizarlo está por vencer. En este, la jueza debe indicar si recomienda o no retirar la inmunidad al Alcalde.
Durante su carrera, la togada ha conocido diversos casos que han sido llevados a los tribunales por el MP y la CICIG. En algunos de ellos, sus resoluciones han sido cuestionadas.
El más reciente que conoció fue el del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, contra quien los entes de investigación solicitaron su captura por autorizar la entrega de un bono de responsabilidad por Q50 mil al presidente de la República, Jimmy Morales, sin que existiera fundamento legal para hacerlo.
Por esto, el MP le imputó los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito. No obstante, la jueza decidió ligarlo a proceso por los primeros dos delitos y decretó falta de mérito por el primero.
La jueza también conoció el Caso Redes, una red de tráfico de influencias integrada por funcionarios y personas particulares, en el que otorgó medidas sustitutivas a Gustavo Martínez Luna, yerno y exsecretario general del expresidente Otto Pérez Molina, César Medina Farfán y Filadelfo Reyes Cáceres.
La Fiscalía criticó dicha resolución aduciendo que los señalados tienen poder para influir en operadores de justicia o borrar evidencias.
En otro caso aparte, el 8 de noviembre de 2015, la jueza levantó el arraigo a Erick Archila, exministro de Energía y Minas (hoy prófugo de la justicia), a quien le había sido decretada esa medida cautelar, luego de una denuncia en su contra que interpuso la Asociación de Juristas por la Nación por supuestamente otorgar contratos de servicios de energía a un precio sobrevalorado por megavatio.
