Redacción La Hora
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Varias fuentes de alto nivel informaron a este medio de comunicación sobre la posibilidad que se ejecutaran cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que podría tener un impacto en la seguridad ciudadana y respecto a la posibilidad que se decretara un estado de excepción que limitaría las garantías constitucionales, por lo que se le hizo las consultas al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien negó ambos aspectos en conferencia de prensa.
La información surgió tan solo días después de que el embajador de los Estados Unidos, Luis Arreaga, se hiciera presente en las instalaciones de la Dirección General de la PNC y manifestara su respaldo a la labor que funcionarios civiles han realizado en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
Las fuentes señalaron que desde que se ejecutó el cambio en el ministerio de Gobernación, se han girado instrucciones para que cualquier apoyo logístico a los casos de corrupción sea decidido estrictamente por el Ministro a cargo de la cartera.
Además, desde ayer circuló información acerca de la posibilidad de que el Gobierno emitiera un estado de excepción, desconociéndose los motivos y posibles consideraciones.
MINISTRO LO NIEGA
Desde media mañana, La Hora intentó por todos los medios posibles comunicarse con el ministro Enrique Degenhart, pero no fue hasta la conferencia de prensa que el funcionario dijo que “por ahora no se contemplan cambios a la cúpula de la PNC”.
Ante el cuestionamiento por un posible estado de excepción, Degenhart, se limitó a decir “es falso”. El presidente Jimmy Morales abandona mañana el país para acudir al desayuno de oración el 8 de febrero y a otras reuniones. El mandatario estará en Washington y Nueva York.
ESTADO DE EXCEPCIÓN EN AUSENCIA DE MORALES
El 21 de septiembre de 2016, el Gobierno dio marcha atrás en la implementación de un estado de prevención, el cual estaba activo mientras el presidente, Jimmy Morales, se encontraba en Nueva York. En esa oportunidad, el mandatario en funciones, Jafeth Cabrera, argumentó que “hubo malas interpretaciones” y por eso había dejado sin efecto el decreto gubernativo, que restringía las garantías constitucionales, en específico la libertad de locomoción, expresión y manifestación pública, entre otros, según una nota de ese día publicada por La Hora.
La justificación del Ejecutivo para implementar esa medida era la de prevenir desastres naturales y no actuar cuando estos ya se habían registrado. Sin embargo, académicos y el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque habían criticado la medida, la cual se había puesto en marcha días después que Morales anunciara en un vídeo que su hermano e hijo, Samuel y José Manuel Morales, respectivamente, habían sido mencionados en las audiencias del Caso Botín Registro de la Propiedad y que a la postre los llevaría a ser ligados a proceso.
Mientras que en la nota titulada “Según PDH, decisión del Ejecutivo golpea y debilita más al Presidente”, publicada ese mismo día en La Hora, se informó que el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena y el PDH, se habían comunicado con el mandatario mientras participaba en un foro sobre nutrición en Nueva York, para preguntarle si estaba sujeto a presiones para publicar el decreto, a lo que respondió que su intención era “prevenir y salvaguardar la vida de los que están en riesgo”, por las lluvias de la época que afectaban al territorio nacional.
