POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Fanuel García fue electo como director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses el 4 de julio del año pasado. Desde su despacho, brinda una entrevista a La Hora, donde conversa sobre los retos y rezagos que ha vislumbrado en estos seis meses de gestión para la institución que, por oficio, tiene auxiliar a la administración de justicia con pruebas de rigor científico para el esclarecimiento de hechos criminales.
La anterior administración acarreaba varios reproches de distintos sectores. La Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, por ejemplo, se quejaba de que el Inacif demoraba entre seis a siete meses para atender los requerimientos de las distintas fiscalías, lo que perjudicaba el buen curso de las investigaciones. Por otro lado, la sociedad civil empezaba a recelar que el instituto estuviera manipulando informes médicos de sindicados en casos de alto impacto para ayudarlos a evadir la prisión, con la justificación de que necesitaban asistencia en un centro asistencial.
En entrevista con La Hora, García habla de los problemas que han aquejado el buen funcionamiento del Inacif. Las causas de esto, dice, van desde jueces que prefieren delegar las responsabilidades propias de su cargo a médicos forenses, desnaturalizando las funciones del Inacif y saturándolo de trabajo, hasta una mala gestión que existía por parte de la institución en el tratamiento a las víctimas, entre otras.
Con los casos de alto impacto, muchos jueces requieren al Inacif que realice reconocimientos médicos a sindicados para corroborar los padecimientos que ellos dicen tener. Cuando usted asumió como Director, dijo que esto implicaba una “desnaturalización” de las funciones del Inacif, ¿por qué?
El Inacif nace como un órgano de investigación científica. Así está conceptualizado en el artículo 2 de la ley y eso implica que su función natural sea participar en el esclarecimiento de hechos delictivos. Entendemos que el Inacif es una institución auxiliar de la administración de justicia.
Por ejemplo, cuando las personas están recluidas en un centro de privación, requieren salir del Sistema Penitenciario (para recibir atención médica por algún padecimiento) o, si están en un centro hospitalario, requieren que se les permita continuar ahí. (Para esto) el juez ha estado haciendo uso del médico forense para determinar (si amerita recibir atención médica fuera de la prisión). Cuando asumimos, advertimos que no había un criterio para establecer cuándo sí intervenía un médico forense o cuándo debía realizarse un análisis por parte del personal médico del Sistema Penitenciario. Entonces, ante la ausencia de ese criterio, el juez recurría siempre al Inacif para que fuera a evaluar a la persona para ver qué es lo que tenía, pero esa no es la función del Inacif. El Sistema Penitenciario puede, de conformidad con la ley, informarle al juez el estado de salud –del reo– y si amerita incluso ser trasladado a algún centro hospitalario porque el estado de salud lo amerita.
Afortunadamente, ya fue firmado un acuerdo interinstitucional por las autoridades de la Cámara Penal de la CSJ, el Ministro de Gobernación, el director del Inacif y ahí ya establecemos los criterios para que los jueces no estén solicitando al Inacif ir a evaluar cómo está un privado de libertad, sino en todo caso entiendan que es una responsabilidad del SP.
¿Ya entró en vigor este acuerdo?
Ya está en vigencia, lo firmamos a finales del año pasado. Eso nos evitará tener que estar con el número creciente de evaluaciones. Por ejemplo, durante el año pasado se hicieron 4 mil 783 evaluaciones a personas privadas de libertad.
Otra modalidad que también utilizan los reos y que se ha estado desnaturalizando es la exhibición personal. La ley de exhibiciones personales establece que cualquier persona puede solicitarla y es obligación del juez tramitar la exhibición. Ha habido desnaturalización porque la exhibición personal procede en dos casos: una es cuando la persona alegue que está ilegalmente presa; ese supuesto no tiene nada que ver con el Inacif, porque ahí no hay -que realizar- evaluación médica, ahí lo que está alegando -el privado- es la ausencia de una orden judicial. El otro supuesto es que la persona esté sufriendo vejámenes dentro de la cárcel. Esta última sí tendría alguna relación con el Inacif, pero, según la ley no es el Instituto el encargado de hacer la exhibición personal, según la ley es el juez. Cuando hay una exhibición personal, es el juez el que tiene que apersonarse al lugar y establecer qué es lo que el interno quiere decir que está sufriendo. Hoy en día no (sucede así). Hemos tenido muchos casos en los que se ha estado desnaturalizando el procedimiento y lo que hacen -los jueces- es que reciben una solicitud de exhibición personal y de inmediato la mandan al Inacif para que vayan a evaluar qué es lo que tiene el preso y esa no es la función del Inacif.
Es decir, ¿es el personal del Inacif el que va (sin acompañamiento del juez) a los centros carcelarios para realizar exhibiciones personales?
El Inacif está yendo solo y los jueces no están apersonándose, cuando la obligación legal es que ellos deben ir. ¿Eso qué nos ha producido? En el 2017 los médicos recibieron 3 mil 087 solicitudes de exhibición personal que ir a realizar y en muchísimas de ellas, o más bien en todas, no había ningún vejamen de tipo físico que hubiera producido alguna lesión y que el médico hubiera podido detectar. Muchos de ellos -de los privados de libertad- al llegar -el personal del Inacif a evaluarlos- dicen: “mire, nosotros no vamos a salir porque no queremos ser evaluados, nosotros no planteamos la exhibición por estar golpeados, lo que queremos es …” y empiezan a dar una serie de temas que ellos quieren y que creen que son vejámenes, como por ejemplo, “no nos dan visita carcelaria, la alimentación no es la adecuada…” y esa situación un médico forense no las va a detectar, entonces ahí es donde se dan ese tipo de situaciones que sobresaturan al Inacif. Médicos que hacen esa función dejan de atender a personas víctimas que están esperando un servicio de la institución.
En la anterior dirección (de Jorge Nery Cabrera), se realizaron reconocimientos médicos a varios sindicados (entre ellos, Roxana Baldetti y Gustavo Alejos) para determinar padecimientos de salud que ellos aseguraban tener y por lo cual pedían recibir atención médica fuera de la prisión. Muchos de estos informes avalaban que los sindicados evadieran la prisión para recibir asistencia médica. Cuando usted asume la dirección, se practican nuevas evaluaciones y los resultados son opuestos. ¿Existió alguna anomalía en los anteriores informes para favorecer a sindicados?
Yo conocía la necesidad que la institución abordara este tipo de casos con un análisis más exhaustivo. Por eso es que, desde antes de asumir, yo había sugerido dentro de mi plan de trabajo que este tipo de casos de personas políticamente expuestas o de personas que han acumulado ciertos rangos de poder dentro de la historia del país fueran atendidos por equipos multidisciplinarios. Días siguientes de haber asumido -como Director de Inacif- recibí la primera solicitud de evaluación. El resultado fue diferente porque nosotros dimos la instrucción de atenderlo multidisciplinariamente. Eso fue lo que nosotros implementamos y produjo el resultado de que, en el caso muy puntual de Roxana Baldetti y el señor Alejos, en ese momento ellos no ameritaban estar hospitalizados. El estado de salud puede variar de un día para otro y eso hace que se puedan pedir otro tipo de exámenes. Si la institución había incurrido o no en alguna acción que pudiera reñir con la ley, eso ya no era algo que nos competía a nosotros, sino a la fiscalía y ellos abrieron un proceso para investigar.
El Inacif es una institución vital en la administración de justicia, ¿ha percibido algún interés de grupos de poder por influir en el trabajo que realizan?
Yo creo que todas las instituciones del sector justicia siempre van a ser objeto de presiones, tanto directas o indirectas. Existen medios para tratar de influir en los médicos, incluso a través de redes sociales se vive haciendo críticas o señalamientos tratando de influir en el ánimo de las personas que participamos en las instituciones del sector justicia. Yo, personalmente, no he recibido en el ejercicio de la función ninguna presión directa de alguna persona o grupo de poder que haya tratado de influir para que la función forense se ejerza de manera tergiversada, pero obviamente eso no implica que nosotros bajemos la guardia, sino estamos permanentemente tratando de generar mecanismos de control y evaluación de calidad que nos permita garantizar a nivel de toda la institución que nuestros peritos van a apegarse y respetar la ciencia y el arte que les rige.
¿Qué medidas se están implementando para garantizar el rigor científico en todos los peritajes que realiza el Inacif?
De entrada, estamos desarrollando un proceso de promoción de transparencia y de promoción de combate a la corrupción a nivel generalizado para lograr que la institución tenga estándares de ética y calidad. Estamos desarrollando un convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), promoviendo procesos de ética y transparencia en la función. Hemos fortalecido el sistema disciplinario interno. Durante los diez años de existencia de la institución, eran muy escasos los procesos disciplinarios, solo había cuatro sanciones durante diez años de existencia y nosotros sí hemos mandado un mensaje de que no va a haber tolerancia a ningún desvío de las funciones o irresponsabilidad en el ejercicio de la función que nos ha sido encomendada. Durante el 2017, hubo tres destituciones, cuatro suspensiones sin goce de salario, amonestaciones por escrito cuando las faltas eran leves y eso nos ha llevado, en el 2017, en el semestre que asumimos la función alrededor de 11 sanciones. Por supuesto, estas son acciones integrales que se están haciendo, todo eso va a amarrado con proceso de capacitación.
¿Por qué el régimen disciplinario estaba tan debilitado años anteriores?
Eso pregúntale a quienes estuvieron en la administración anterior, pero entendemos que no necesariamente implica que a partir de julio del año pasado la gente empezó a cometer alguna falta. Es algo que estaba enraizado, pero cada administración sabe cómo ejecutó sus planes de trabajo.
¿Se giraron directrices distintas para reforzar el régimen disciplinario? ¿Cambió algo?
Sí, fortalecimos con equipo, personal humano, les capacitamos, dimos lineamientos de trabajo. Ellos saben que existe un órgano permanentemente que va a estar instruyendo las visitas que se han estado haciendo desde el año pasado. No se trata de meter cultura de miedo, sino al contrario, es sano que la institución tenga cultura de rendición de cuentas y que todos sepamos que estamos sujetos a rendición de cuentas y que lo que queremos es darle a la sociedad una institución objetiva.
En la elección de Director del Inacif, el año pasado, la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, dijo que en anteriores administraciones la institución demoraba entre 6 a 7 meses para atender requerimientos de las fiscalías para la investigación, ¿ha cambiado esta situación?
Dependía de las áreas de trabajo. En el área de psicología, que fue una de las que más se mencionaron, encontramos una institución colapsada. El dictamen psicológico es fundamental para ciertos procesos, especialmente en los casos de violencia de género. Encontramos casos en ciudad de Guatemala, por ejemplo, en que la víctima que denunciaba se le señalaba fecha para ser evaluada en el Inacif hasta seis meses después. En el interior de la República encontramos casos donde la sobrecarga los llevaba a programarlas 11 meses después, casi un año. Eso hacía que el nivel de deserción de las víctimas en el sistema de justicia fuera bastante alto. Más del 50 por ciento de las víctimas no venían (a ser evaluadas). Desarrollamos un proceso de fortalecimiento del área de psicología, contratamos personal y también invertimos en modificar el sistema de gestión de los casos, de tal manera que no fuera de forma antojadiza que fuera cada perito el que dijera cuándo podía atender a las personas. Invertimos en el software informático y empezamos a hacer un recorrido por localizar víctimas y acercar sus fechas de evaluaciones.
A final de año, habiendo hecho estos cambios, en la sede central cerramos con el 64 por ciento de asistencia y en los departamentos cerramos con el 60 por ciento. Actualmente para la cita no pasan más de quince días, en el caso de Guatemala, y en el interior no pasan más de 20 días. Cuando asumimos, el nivel de deserción de las víctimas era el 62 por ciento, era al revés.
Otro de los motivos que causa deserción es la distancia que tienen que recorrer las víctimas para ser trasladadas en la sede del Inacif, ¿se tiene identificado esto como un problema?
Sí, las víctimas de violencia necesitan dos tipos de peritajes. Uno es una evaluación psicológica y una evaluación clínica. Médicos forenses tenemos en cabeceras departamentales nada más y en cuatro sedes municipales. Lo ideal sería que el Inacif tenga por lo menos una sede en donde hay una sede del Ministerio Público, porque entonces el ciudadano va a ir al MP a denunciar y de inmediato podría desplazarse a la sede para ser evaluado. Lamentablemente tenemos un rezago porque solamente tenemos un despliegue de más o menos, el 8 por ciento a nivel nacional de cabeceras municipales. El MP tiene alrededor del 30 por ciento, nosotros andamos un 28 por ciento atrasados en relación con el MP. Eso es un grave problema porque las víctimas llegan a una fiscalía municipal, ponen la denuncia y luego tendrían que desplazarse a la cabecera departamental para ser evaluadas. Esto es un problema que impide el acceso a la justicia. Nuestra meta es tratar de acercar y abrir sedes donde hay fiscalía, lamentablemente ese plan quedó frustrado porque no nos aprobaron el presupuesto (deseado).
¿Con el actual presupuesto es inviable pensar en una ampliación de cobertura?
No, no podríamos hacerlo. Ahorita el reto más grande es lograr que el Ministerio de Finanzas (Minfin) y el Ejecutivo nos puedan dar una partida especial para crear el banco genético.
“El Inacif está yendo solo y los jueces no están apersonándose, cuando la obligación legal es que ellos deben ir”
“Hemos tenido muchos casos en los que se ha estado desnaturalizando el procedimiento y lo que hacen -los jueces- es que reciben una solicitud de exhibición personal y de inmediato la mandan al Inacif para que vayan a evaluar qué es lo que tiene el preso y esa no es la función del Inacif”
“No se trata de meter cultura de miedo, sino al contrario, es sano que la institución tenga cultura de rendición de cuentas y que todos sepamos que estamos sujetos a rendición de cuentas y que lo que queremos es darle a la sociedad una institución objetiva”
Fanuel García, Director del Inacif
