Por Douglas Cuevas
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Durante la segunda reunión de la Comisión de Postulación para la designación del próximo Fiscal General, se acordó que no serán aceptados como idóneos al cargo aquellos abogados que han demostrado un asesoramiento constante a personas relacionadas a casos de narcotráfico, corrupción, o delitos financieros, entre otros.
Este punto fue propuesto por el movimiento Pro Justicia que a inicios de año envió un documento con recomendaciones para el proceso de pre selección que fue analizado hoy, cuando fue celebrada la segunda reunión de trabajo de la Postuladora.
En la reunión se acordó, dentro del perfil ético del nuevo Fiscal, un abogado “que no haya representado o asesorado de forma habitual a personas vinculadas con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva o delitos financieros y contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder”.
En este punto quedan ajenos los litigantes del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) puesto que ellos no tienen la libertad de elegir a quiénes prestan sus servicios profesionales.
ESTÁN DE ACUERDO CON EL PERFIL
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, acudió a la Sala de Vistas para presenciar la segunda reunión de trabajo y al ser consultada calificó como “histórica” la decisión de la Comisión que aceptó las recomendaciones destinadas a abogados que trabajan con un uso excesivo de recursos para entrampar los casos.
“Al hacer un balance de cómo va quedando el perfil en los méritos éticos quedaron bastante bien, es la primera vez que en público y de manera abierta una Comisión de Postulación toca el tema del litigio malicioso, tema de la defensa de ciertos perfiles criminales y en el uso de administración de justicia”, refirió.
Para Álvaro Montenegro, del colectivo Justicia Ya, la decisión fue acertada puesto que tener a una persona con antecedentes directos, por elección, a personas relacionadas en casos de corrupción o narcotráfico podría contaminar las diversas investigaciones.
“No podemos tener personas con vínculos con organizaciones criminales que entren al Ministerio Público (MP) porque podría destruir los casos desde arriba. Se exceptúa a los defensores públicos”, indicó.
¿QUIÉNES SON ESOS ABOGADOS?
En los últimos años varios abogados han ejercido la defensa en casos por violaciones a derechos humanos, narcotráfico y corrupción y han defendido y defienden a los acusados del Caso por Genocidio, La Masacre de Salcajá y La Línea, por mencionar algunos, pero Montenegro refiere que es necesario se evalúe a cabalidad quiénes son esos profesionales.
