POR MARIELA CASTAÑÓN
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Juvell De León, director del Sistema Penitenciario (SP), asumió el cargo en agosto del año pasado. Entre los temas que resaltan en esa Dirección están la falta de infraestructura, el hacinamiento, el descontrol de los reos, la violencia que se ejerce dentro y fuera de los penales y la corrupción en las prisiones, incluyendo las bases militares, donde están recluidos exfuncionarios de Gobierno.
De León concedió una entrevista a La Hora y explicó que entre las medidas que han implementado está la búsqueda de líderes positivos y no de voceros, el cambio de la recepción de encomiendas, el paulatino control de los centros, la clasificación de reos y la erradicación de la “talacha”.
La Hora. ¿Cuál es el diagnóstico que hace, tras casi cinco meses de asumir el cargo de Director del Sistema Penitenciario?
Juvell De León. El diagnóstico lo hicimos a todas las unidades, no solo a los 21 centros de detención que están habilitados, con 23 mil privados de libertad aproximadamente, con un hacinamiento de un 330 por ciento. También hemos hecho un diagnóstico general a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) en cuanto a sus unidades operativas, de control, unidades administrativas, financieras y de recursos humanos. Esto ha sido un diagnóstico en general.
Desde que estamos acá, cuatro meses y un poquito más, hemos logrado los cambios de subdirector operativo, hemos buscado el mejor perfil de alguien con experiencia profesional, que tenga mística para el trabajo. Hemos logrado la contratación de la subdirectora de Recursos Humanos, una profesional con mucha experiencia que viene de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público (MP). También la depuración en el área de Inspectoría General del Régimen Penitenciario, tenemos un inspector interino en este momento, sin embargo, ya tenemos algunos currículos, los cuales se están analizando para buscar la mejor opción.
En el área de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria, tenemos un coordinador de la Unidad de Análisis, una persona con mucha experiencia y mística, asesorado por gente que ha trabajado en inteligencia, en varias unidades como la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y la Policía Nacional Civil (PNC), esto es en cuanto a las unidades de la DGSP. Hemos hecho una depuración de directores y subdirectores de centros. Hemos solicitado cinco cancelaciones de contrato de directores que tenían procedimientos administrativos y había información de que no estaban cumpliendo a cabalidad con su misión. Estamos sacando una convocatoria para directores y subdirectores de centros.
L. H. ¿Los directores tendrán un perfil profesional, ya no serán guardias?
J. D. L. Para poder ocupar estas coordinaciones, hemos buscado los mejores perfiles de guardias penitenciarios, que han demostrado su capacidad, sin embargo, son interinos. Queremos contratar a directores y subdirectores con un perfil profesional que lleguen a atender estos centros.
L. H. ¿Para cuándo está prevista la contratación de personas profesionales en los centros?
J. D. L. Ya tenemos currículos que están en Recursos Humanos, está por definirse sus contrataciones en los próximos meses. Vamos a empezar desde el mes de febrero a contratar a los directores y subdirectores. Tenemos un gran apoyo de la Embajada –de Estados Unidos– con pruebas de confiabilidad.
L. H. ¿Cuáles son los planes o soluciones previstas a corto, mediano y largo plazo en el SP?
J. D. L. Como le decía, en cuanto al personal, la contratación de profesionales para ocupar los puestos de dirección –de centros–. Vamos a tener tres promociones este año, de agentes penitenciarios de 350 agentes por promoción, estamos trabajando fuerte con la Escuela de Estudios Penitenciarios para la capacitación de los guardias que tenemos. En el área de infraestructura, estamos remozando y remodelando varios módulos, por ejemplo la habilitación de un nuevo sector en el área del Boquerón, es un proyecto que el señor Ministro nos ha instruido, que es urgente; la remodelación de Fraijanes II, que a través del Organismo Judicial (OJ) se debe realizar una reparación digna, seguido de un proceso judicial en contra de la empresa que construyó ese centro.
También pensamos habilitar módulos de máxima seguridad en Granjas y centros de detención preventiva. Nuestro bebé se podría decir, algo con lo que estamos muy orgullosos, es el plan de clasificación de privados de libertad, ya tenemos aprobado un proceso de clasificación de privados de libertad, desde que ingresan a los centros de detención y su evaluación en su permanencia. Tenemos dos centros con clasificación de privados de libertad: Fraijanes I, que está funcionando con el nuevo modelo de gestión penitenciaria y Matamoros, los privados de libertad que están ahí ya fueron clasificados por celdas de máxima, mediana y mínima seguridad.
Tenemos un proyecto muy grande en cuanto al cambio de la figura del vocero –que también es reo–, en el transcurso de este tiempo, el SP ha tenido muchas debilidades y una de ellas son los voceros, que según los informes de inteligencia penitenciaria, son líderes de estructuras que se dedican a extorsionar a privados de libertad, a cobrar la denominada talacha, queremos erradicar esto, cambiando la figura del vocero por el relator de derechos humanos penitenciarios.
L. H. ¿Esta decisión podría generarles problemas? Tomando en cuenta que quienes actualmente son voceros forman parte de estructuras delictivas y el hecho de cambiar esta figura ¿podría provocar algún levantamiento de quienes han dirigido los centros?
J. D. L. Definitivamente, son riesgos que debemos asumir, pensamos hacerlo de una manera pacífica, utilizando la Ley del Régimen Penitenciario como nuestra base fundamental, sabemos que existe resistencia, ya nos han manifestado algún tipo de resistencia algunos voceros, líderes y caudillos de los centros, sin embargo, tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que empezar a cambiarle la imagen al SP, hacer un SP respetuoso de la Ley y de los derechos humanos. Vamos a asumir todos los riesgos, ya tenemos alertas y amenazas por el trabajo que estamos haciendo.
L. H. ¿Los relatores son presidiarios?
J. D. L. Es que tenemos que tener uno o hasta tres representantes por sector, tenemos sectores de 500 o 600 privados de libertad, que tienen algún tipo de requerimiento legítimo y necesitan representantes para hacer ver sus solicitudes legítimas a las direcciones de los centros y definitivamente tenemos que escoger a las personas idóneas para que sean los representantes de los privados de libertad y erradicar las extorsiones adentro, tenemos el apoyo de la PNC y el MP. Tenemos todo este tipo de procedimientos a seguir, para poder entablar una lucha frontal contra las violaciones de derechos humanos y una de ellas es la extorsión denominada talacha.
L. H. ¿Cómo hicieron la clasificación de los reos en Fraijanes I y Matamoros?
J. D. L. En base a un estudio que está haciendo un equipo multidisciplinario, integrado por un jurídico, una psicóloga, un trabajador social y un criminólogo. Ellos están en base a formularios estandarizados internacionalmente, evaluando los perfiles de cada uno de los privados de libertad que están en los centros y de acuerdo a la evaluación de su expediente y entrevista, obtiene una calificación, determina si son de cuatro perfiles: máxima, alta, mediana o mínima seguridad, lo que queremos y pretendemos es no mezclar este tipo de privados de libertad, porque el más fuerte quiere violentar los derechos del más débil y esto ha venido así en el SP, queremos cambiarlo.
L. H. ¿Existe voluntad de Claro, Movistar y Tigo para bloquear la señal de celular?
J. D. L. Tenemos apoyo de ellos en cuanto al análisis de los números que puedan estar activándose en los centros. Hemos hecho estudios en el Ministerio de Gobernación (Mingob), PNC, SP, con intervención del MP, sin embargo, el tema de bloquear la señal es sumamente difícil, las antenas que tenemos actualmente no nos responden al bloqueo total de las señales, hay que tener en cuenta que hay otro tipo de frecuencias, ahora con la modernización de las telecomunicaciones, redes sociales e Internet.
Hemos detectado que algunos privados de libertad se están comunicando por medio de teléfonos satelitales, que ya no tienen nada que ver con las empresas de telefonía y que a través de esos móviles, siguen cometiendo este tipo de ilícitos, como son las extorsiones o las conspiraciones para cometer asesinatos, delitos contra la vida. Estamos buscando la manera de que a través de nuestros controles del área Operativa, de Inspectoría y de Análisis, reducir el ingreso de teléfonos celulares, hemos hecho constantes requisas, tenemos muchas debilidades y corrupción dentro de nuestros guardias penitenciarios, muchos son muy buenos, tienen mucha mística y trabajan bajo condiciones mínimas, pero con una gran actitud; siempre hay personas corrompidas por el soborno, por el dinero fácil, entonces hemos hecho depuraciones de guardias penitenciarios, aproximadamente más de 100 personas con procedimiento de despido, personas que han sido captadas. Nos hemos modernizado, hemos implementado un sistema de cámaras en todos los centros, donde hemos detectado a guardias penitenciarios cometiendo actos que infringen los procedimientos de seguridad, esos guardias están fuera del SP, hemos interpuesto denuncias a través de nuestra Unidad Jurídica y en contra de personal administrativo, porque se ha detectado dentro de la Dirección algunas personas delinquiendo.
L. H. Algunos sectores cuestionan que solo se implementaron algunas acciones en El Infiernito y el Sector 11, tras los atentados contra empleados de Movistar, una empresa grande, no antes.
J. D. L. No podemos tomar el control de los 21 centros en 2 o 3 meses, nosotros tenemos que ir priorizando, tomando el control paulatinamente, utilizando estrategias operativas para contrarrestar los ataques que se nos vienen derivando de esto, por ejemplo, usted no me ha preguntado de Matamoros, tomamos el control de Matamoros. Hay denuncias también de este señor Eduardo Villatoro Cano, de “El Taquero”, porque ellos se negaban a clasificarse, ya se implementó la clasificación de privados de libertad, se está haciendo poco a poco en los centros, tomar el control de centros grandes es muy difícil, lo estamos haciendo poco a poco. En Cantel, Quetzaltenango, hemos tenido requisas continuas, hemos incautado una gran cantidad de teléfonos celulares, de alcohol, no sé si tuvo conocimiento de un cargamento grandísimo de alcohol antes de año nuevo. Hemos tomado acciones y derivado de esas acciones nos han lesionado a nuestro subdirector de Pavón, que lo atacaron con arma blanca, porque mediante procedimientos del escáner, se logró la incautación de un teléfono celular que una muchacha le intentaba ingresar a su padre, que es privado de libertad. Ella fue consignada, el padre atacó a nuestro subdirector. Hemos tenido dos intentos de motín, en Cantel, Quetzaltenango, en donde han agredido también a nuestros guardias, oficiales de seguridad, incluso ahí se tuvo que utilizar la fuerza pública de manera proporcional para repeler esos ataques, se viene trabajando en todos los centros. En Pavón se activó una información, que la veníamos trabajando hace mucho tiempo, con nuestras unidades de inteligencia, se logró descubrir un túnel de más de 20 metros de largo, de una profundidad de 1.80 que estaba aproximadamente a 10 metros de salir al barranco, nuestras unidades operativas y de control han estado trabajando día y noche, realizando acciones para tomar el control en todos los centros, eso es lo que más se ha reflejado en el Sector 11 e Infiernito, pero hemos tomado acciones en todos los centros.
L. H. Hace algunos meses el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, decía que había que buscar alternativas con las cárceles que estaban en bases militares, él señalaba la necesidad del cierre. ¿Es posible cerrar las bases militares o es una alternativa que en este momento no se ha considerado?
J. D. L. Ahorita no es posible, sabemos y nos tenemos que fortalecer en infraestructura como Ministerio de Gobernación para tener los espacios para acomodar a estas personas que están en Matamoros y Mariscal Zavala, que son los dos centros dentro de las instalaciones de bases militares. Tenemos que buscar la infraestructura, pero ahorita no tenemos la capacidad para cerrarlas.
L. H. ¿Cuál es el poder que ostentan algunos reos en Mariscal Zavala y qué tipo de presión ejercen sobre ustedes?
J. D. L. Ningún tipo de presión. Nosotros no hemos ni vamos a negociar nunca. No vamos a dejarnos intimidar por ningún privado de libertad de ningún centro. Sabemos de algunos privilegios que ha tenido Mariscal Zavala, ya efectuamos una requisa en diciembre del año pasado, les incautamos electrodomésticos no autorizados, incluso una guitarra de una de las personas más famosas ahí, no tenía autorización para tenerla. Son procedimientos que obran en nuestras actas. Nosotros nos protegemos jurídicamente con actas de todo lo incautado. Estamos en plena disposición de que si acredita la propiedad y preexistencia de los bienes, nosotros le devolvemos lo que tenemos bajo nuestra custodia.
Sabemos, para nadie es un secreto, no hay que tapar el sol con un dedo, hay caciques, personas con mucho poder económico, armamentista, de crimen organizado, incluso algunas personas que han sido parte del Organismo Ejecutivo, pero en ningún momento han ejercido ningún tipo de presión para el desarrollo de las actividades del SP. Hemos hecho requisas en Matamoros, en Mariscal Zavala, igual que lo hemos hecho en El Infiernito, en el Sector 11, en Pavón, en Cantel, para nosotros la administración de los privados de libertad es prioridad y no vamos a clasificar más que por su nivel de riesgo, pero con la igualdad que la Constitución nos obliga a tener.
L. H. Se habla que desde las cárceles que están en bases militares se siguen planificando delitos o sigue existiendo comunicación interna hacia afuera ¿esa información es real?, ¿qué acciones implementan para evitarlo?
J. D. L. El trabajo interinstitucional es prioritario en esta administración, el SP como una sola golondrina nunca va a hacer verano, el SP necesita otras instituciones para fortalecerse y asumir los controles. Nosotros tenemos todo el apoyo del MP y de la PNC. Hemos tenido apoyo del Ejército de Guatemala, de la Embajada de Estados Unidos. Nos hemos enterado a través de trabajos de inteligencia, a través de compartir información, que efectivamente hay privados de libertad que siguen teniendo esos contactos a lo externo, pero esas comunicaciones ilegítimas e ilegales para conspirar y cometer delitos, porque todos los privados de libertad tienen acceso al exterior por sus visitas, por sus llamadas, pero también hemos tenido información que existen esas comunicaciones para conspirar delitos, hablo de extorsiones, conspiraciones para cometer delitos contra la vida. Hemos tratado de atender todas esas informaciones para prevenir hechos y la prevención ha sido importantísima en esta gestión, trabajando en conjunto con la PNC que es la operativa en la calle, SP que es el operativo adentro de las cárceles y MP que es el que ejercita la acción y la persecución penal.
L. H. ¿Cómo sobrelleva la intención de ejercer controles versus las denuncias que le han interpuesto? ¿Cómo enfrenta la rigurosidad para controlar los centros y el hecho de caer en una violación a los derechos humanos?
J. D. L. Son acciones que ellos tienen el derecho y la oportunidad, según nuestra legislación. Nuestros procedimientos los hemos realizado en base a la ley, no tenemos miedo a las denuncias, a los ataques. No nos sentimos temerosos, las acciones han sido legítimas, orientadas a control, es nuestra obligación ejercerlas, no es ni siquiera un derecho que tenemos, sino es la obligación de ejercer control en los centros. Ellos pueden proceder como ellos consideren, para eso existe un procedimiento, para eso estas acciones llegan a órganos jurisdiccionales que tiene que resolver basados en Ley.
No nos sentimos debilitados, intimidados por ese tipo de acciones legales e ilegales, cuando venimos al SP asumimos un reto, una responsabilidad que nadie quiere asumir y gracias a Dios me han apoyado, esto es un tema de todos, un tema social, de Guatemala, si no vamos a romper el círculo de la violencia, vamos a tener reincidencia y nuestras cárceles van a estar saturadas, aquí tenemos que trabajar todos, –Ministerios de– Educación, Salud, Trabajo, darles la oportunidad de una reinserción social.
L. H. ¿Es posible crear infraestructura sin el préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)?
J. D. L. Tenemos un presupuesto que es el mismo del año pasado, más de Q600 millones, tenemos esa debilidad en infraestructura, por eso nuestros proyectos son las reparaciones, lograr habilitar módulos en los centros que ya tenemos. También tenemos la activación de los centros en Escuintla, en la Granja Canadá, que esperamos este año reactivar y tener más espacios, tenemos otros proyectos dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria, por ejemplo el área de Villa Nueva, la cual estará destinada para mujeres acompañadas, ancianas, con algún tipo de discapacidad, condenadas. Tenemos lo que tenemos, pero tenemos que optimizar, este año se habilitan 3 o 4 unidades penitenciarias en Villa Nueva, Fraijanes, El Boquerón y Canadá en Escuintla.
