POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Hace un mes cinco exdiputados sindicados en el Caso Plazas Fantasma se quejaron ante el Juzgado de Mayor Riesgo “A” que sufrían quebrantos de salud y convencieron a la jueza de que en razón de ello les otorgara una medida sustitutiva. Esta misma estrategia está siendo replicada hoy en los tribunales de justicia por Gustavo Alejos, quien busca recuperar la libertad que le fue restringida hace dos años por su presunta vinculación con el Caso Negociantes de la Salud.
Sin embargo, a criterio del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, el hecho de que un privado de libertad sufra quebrantos de salud no es razón válida para que un juez le otorgue una medida sustitutiva.
“Las medidas sustitutivas se confieren en razón del desvanecimiento de peligros procesales, no por condiciones de salud. Aún en prisión preventiva el Sistema Penitenciario debe garantizar la salud de las personas. Es decir, las medidas de coerción (la prisión preventiva) van en razón de los peligros procesales, no en razón del estado de salud de las personas”, dijo Sandoval.
El Fiscal basa su postura en el artículo 277 del Código Procesal Penal, en el que se establece que las medidas sustitutivas se otorgan únicamente cuando se determina que variaron “las circunstancias primitivas” que condujeron al juez a decretar la prisión preventiva. Es decir, cuando se logra determinar que la libertad del imputado no representa ningún peligro de fuga ni de obstaculización a la investigación. Además, agrega que el derecho a la salud está garantizado en la Constitución de la República para todos los habitantes, independientemente de dónde se encuentren.
No obstante, Francisco García Gudiel, defensor de Alejos, tiene un criterio distinto. El abogado asegura que cuentan con 19 informes elaborados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en los que se demuestra que Alejos padece de “hipertensión incontrolada”, razón por la cual dice que se le debe otorgar una medida sustitutiva.
“Se ha determinado científicamente que su hipertensión le está causando problemas y está propenso a un ataque al corazón o bien a un derrame cerebral, que son las consecuencias inmediatas de la hipertensión incontrolada. Aun así, el MP y los jueces son insensibles a la situación del señor Alejos y pretenden mantenerlo detenido injustamente”, dijo Gudiel a La Hora.
Y agrega: “Este es un caso más del abuso de la prisión preventiva que los jueces y el MP están haciendo en nuestro país. No obstante que en Guatemala ya vino el presidente de la CIDH y declaró públicamente que en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Sin embargo, creemos que estas situaciones deberían tomarlas en cuenta el MP y los jueces y otorgar las medidas sustitutivas y descongestionar las cárceles de tantas personas que están padeciendo injustamente”.
Sin embargo, aunque el argumento de la defensa de Alejos, según la fiscalía, es fácilmente refutable, es un error considerarlo inútil. El 29 de noviembre pasado los exdiputados César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá, Amílcar Aleksander Castillo y Carlos Humberto Herrera Quezada, procesados penalmente por el Caso Plazas Fantasma, lograron que la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, les otorgara una medida sustitutiva. Su argumentación se centró exclusivamente en problemas de salud que sufrían. De tal cuenta, ya existe un antecedente en el cual sindicados en casos de corrupción han obtenido medidas sustitutivas sin necesidad de acreditar que ya no existen peligros procesales.
TODA UNA ESTRATEGIA PARA SALIR DE PRISIÓN
A lo largo de estos años, Alejos ha intentado, con evidente obstinación, recuperar su libertad. Prueba de ello es que su defensa ha solicitado en siete ocasiones, sin éxito alguno, audiencias a jueces para que se discuta la posibilidad de salir de prisión. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) insiste en que su libertad representa un peligro latente para el proceso penal.
Alejos no ha maniobrado solo. En el transcurso de su travesía, ha contado con la benevolencia y el vaivén de distintas Salas de la Corte de Apelaciones, con informes del Inacif, que aunque cuestionados, le sirven como prueba fehaciente para argumentar ante los jueces. Asimismo, su estrategia se ve caracterizada por un intento infructuoso de separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) del caso.
LOS MENTADOS INFORMES DEL INACIF
De los 19 informes de los cuales hace referencia García Gudiel, donde se acreditan padecimientos en la salud de Alejos, el Ministerio Público guarda su recelo. Algunos peritajes fueron elaborados durante la administración del anterior director del Inacif, Jorge Nery Cabrera. No obstante, el ente investigador teme que estos contengan inconsistencias con el fin de ayudar a sindicados en casos de corrupción, entre ellos a Gustavo Alejos y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, para que eventualmente puedan evadir la prisión preventiva con la excusa de que necesitan tratamiento médico en un centro hospitalario fuera del reclusorio donde se encuentran.
En virtud de lo anterior, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, ordenó hace unos meses que se iniciara una investigación de oficio para determinar la validez científica de los informes elaborados por el Inacif.
“Hay que establecer el contenido de estos dictámenes que inicialmente daban cuenta que ameritaban hospitalización (Baldetti y Alejos). De encontrarse que contienen información no cierta, pudo incurrirse en varios delitos”, dijo Rootman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, el pasado 25 de julio, cuando se anunció la investigación.
Esta indagación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Casos Especiales y de momento aún no figuran sindicados. En caso el MP determine que los informes contienen falsedades, los responsables de esta situación pudieron haber incurrido en delitos de falsedad material, falsedad ideológica y de obstrucción a la justicia, dijo Pérez en aquella ocasión.
LAS RESOLUCIONES FAVORABLES
Las Cortes de Apelaciones han favorecido en varias ocasiones a Alejos, incluyendo Salas ajenas al proceso. La Sala de Femicidio, por ejemplo, ha otorgado amparos favorables al sindicado en dos ocasiones. La primera de ellas fue en septiembre de 2016, cuando, a petición de su defensa, ordenaron que se suspendiera el inicio de la audiencia de etapa intermedia que estaba programada para esas fechas, lo que derivó en atrasos en el proceso porque así lo manda la ley. La segunda fue en diciembre de 2016, cuando los magistrados de la Sala, presidida por Noé Adalberto Ventura Loyo, ordenaron que Alejos permaneciera en la cárcel Mariscal Zavala. Días previos, el Sistema Penitenciario había recomendado que fuera reubicado, junto con otros siete privados de libertad, a otro centro de detención por supuestos riesgos a su integridad física y con el fin de que no todos los sindicados en casos de corrupción estuvieran en una misma prisión, según el MP.
Aunado a esto, la Fiscalía informó que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Jaime Amílcar González Dávila, otorgó un amparo definitivo a favor de Alejos en el que ordena que se le autorizara al procesado salir de prisión las veces que requiera atención médica en un centro ambulatorio.
La defensa hace una interpretación distinta de este último amparo, ya que, según García Gudiel, la resolución ordena una medida de arresto domiciliar a favor de su cliente. Sin embargo, esto no se ha ejecutado porque el Ministerio Público presentó una apelación para revocarlo y la misma no ha sido resuelta por la Corte de Constitucionalidad, dijo el abogado.
El INTENTO FALLIDO POR SEPARAR A LA CICIG
Como suele ser costumbre en los casos de corrupción, varios sindicados en el Caso Negociantes de la Salud, entre ellos Gustavo Alejos, intentaron a toda costa separar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como querellante adhesiva en el proceso penal.
La defensa argumentó que durante la audiencia de etapa intermedia, la etapa en la que se discute la acusación del Ministerio Público, la jueza titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, nunca se pronunció respecto a si la participación de la CICIG era válida o no. Posteriormente, la jueza envió a juicio a los 19 sindicados.
Sin embargo, previo a que iniciara el juicio, abogados manifestaron a la jueza que nunca se había pronunciado respecto a la participación de la CICIG en el caso. Durante una de las audiencias, la jueza reconoció su error y admitió a la Comisión. Esto provocó inconformidad con el proceder de la jueza, por lo que Alejos y otros sindicados presentaron una recusación contra De León y, con el aval nuevamente de la Sala Tercera de Apelaciones, lograron separarla del proceso penal, según información que proporcionó el fiscal Sandoval.
LIBRE EN COOPTACIÓN
Alejos no está vinculado únicamente al Caso Negociantes de la Salud. Además, también se encuentra ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito en el Caso Cooptación del Estado. Sin embargo, en este caso el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ya le otorgó una medida de arresto domiciliar.
Gálvez argumentó que era procedente otorgarle arresto domiciliar ya que, en ese caso, todos los sindicados que estaban procesados únicamente por financiamiento electoral ilícito, como es el caso de Alejos, gozan de una medida sustitutiva.
Por lo tanto, si Alejos logra obtener una medida sustitutiva en Negociantes de la Salud, ya no habría impedimento alguno para que recupere su libertad.
¿POR QUÉ LA FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA ALEJOS?
Cuando la Fiscalía realizó allanamientos por el Caso Negociantes de la Salud, informó que había localizado varios documentos en los cuales constaba una “estrategia” para influir en jueces y fiscales que pudieran beneficiar a Gustavo Alejos en el proceso penal que se iba a iniciar en su contra. A esto, el jefe de la FECI lo llama como un “peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad”.
“Entre los elementos que fueron en su momento tomados en consideración por la juzgadora -para ordenar que Alejos permaneciera en prisión preventiva- estaba el hecho de que, inclusive, fueron encontrados documentos en los que se tenía una estrategia para influir en jueces, en fiscales y en personas que podrían relacionarse con el proceso de él. Y de la misma manera uno de los delitos por los cuales está ligado a proceso es el tráfico de influencias, que lleva implícita esa influencia que puede tener (Alejos) en los testigos, en los peritos y en la medida en que el proceso penal va avanzando, lejos de disminuir ese peligro, se acrecienta tomando en consideración que no hemos llegado a un fase de debate oral y público”, dijo Sandoval.
García Gudiel, por su parte, asegura que este es un caso más, de los muchos impulsados por el tándem MP y CICIG, en los que se ha abusado de la prisión preventiva, y reitera que su cliente tiene negocios y a su familia asentada en Guatemala, por lo que en ningún momento se daría a la fuga si le otorgan una medida sustitutiva.
CASO
Esta semana, Alejos, el empresario y exsecretario privado de la presidencia de Álvaro Colom, cumplió dos años de permanecer en prisión preventiva. El 28 de diciembre de 2015, tras permanecer dos meses prófugo de la justicia, se presentó al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal derivado de una orden de captura que existía en su contra por los delitos de cohecho activo, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), entre 2013 y 2015, Alejos habría conformado una estructura de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que tenía como finalidad beneficiar a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones ilegales que estos entregaban.
La Fiscalía presentó escuchas telefónicas, informes y documentos contables en los que, a su consideración, queda manifiesta la forma en que Alejos influyó en autoridades del IGSS para que beneficiaran a empresas de su interés con contratos millonarios. Estas entidades eran: Droguería Colón, Evolución Farmacéutica, S.A. y Sabiapharma S.A.
Actualmente enfrenta dos juicios penales. El primero es Negociantes de la Salud, donde ya fue enviado a juicio por cohecho activo en forma continuada, tráfico de influencias y asociación ilícita y el otro es por Cooptación del Estado, donde está acusado de financiamiento electoral ilícito y ya goza de una medida sustitutiva.
“Las medidas sustitutivas se confieren en razón del desvanecimiento de peligros procesales, no por condiciones de salud. Aún en prisión preventiva el Sistema Penitenciario debe garantizar la salud de las personas”, dijo Francisco Sandoval, jefe de la FECI.
“Este es un caso más del abuso de la prisión preventiva que los jueces y el MP están haciendo en nuestro país. No obstante que en Guatemala ya vino el Presidente de la CIDH y declaró públicamente que en Guatemala se abusa de la prisión preventiva. Sin embargo, creemos que estas situaciones deberían tomarlas en cuenta el MP y los jueces y otorgar las medidas sustitutivas y descongestionar las cárceles de tantas personas que están padeciendo injustamente”, dijo el abogado Francisco García Gudiel.
