POR REDACCIÓN LA HORA
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A 11 días de iniciado el año, se anunció una de las mayores revueltas en el Sistema de Justicia guatemalteco. Carlos Ruano, juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, acusó (públicamente y en plena audiencia del juicio que se sigue por los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula) a Blanca Aída Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de presionarlo para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling. De esta forma, se consumaron los malos augurios que levantaba la sombra de una de las operadoras de justicia más cuestionadas en los últimos meses.
El 11 de enero, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, como venía siendo la rutina los últimos días, convocó a acusados, abogados defensores y al Ministerio Público a una audiencia en la que, se esperaba, continuara el juicio, que ya tenía varios días de desarrollo, pero el juez Ruano pidió la palabra.
“Ella -Stalling- solicitó mi presencia en su despacho a efecto de hacer requerimientos sobre el presente debate. Antes de ser juez soy abogado, tomé las acciones pertinentes a efecto de documentar mi presencia, porque en ningún momento iba a comprometer mi trabajo, que siempre ha sido transparente, honesto, comprometido con la justicia”, dijo Ruano en la Sala de Audiencias.
Horas más tarde del pronunciamiento del juez, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó un antejuicio contra la togada. Esto significó el primer paso para colocar a Stalling frente al estrado. El proceso ha sido largo y cuestionado, en parte debido a las tácticas de la defensa de la magistrada para entorpecer el proceso y en parte por resoluciones judiciales que la han beneficiado de forma anómala, dejando el camino arado para que surjan suspicacias en la ciudadanía respecto a la transparencia de las cortes.
CAPTURA
Stalling fue capturada el 8 de febrero, tan solo 6 días después de que el Congreso de la República le retirara la inmunidad. Fue una captura inusual. La magistrada portaba una singular peluca, con la cual pretendía pasar desapercibida por las autoridades. Se desconoce con exactitud cuál era su estado anímico, pero un reporte de la Policía Nacional Civil da cuenta de que intimidó a los policías que la detuvieron con un arma de fuego e, incluso, amenazó con quitarse la vida.
El juez Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a puerta cerrada y limitando el acceso a medios de comunicación a la audiencia, decidió ligar a proceso penal a Stalling por el delito de tráfico de influencias y la envió a prisión preventiva en Mariscal Zavala, donde se encuentra hasta la fecha.
LEVANTA SOSPECHAS
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal jugó en sentido contrario el 30 de marzo. De manera cuestionada, decidió otorgar libertad condicional a Stalling. Argumentó que su libertad no representaba ningún peligro al proceso, pese a que había ostentado el cargo de magistrada de la CSJ y que la sindicación en su contra era por haber presionado a un juez, intentado influir en un proceso penal para favorecer a su hijo.
No obstante, Stalling no pudo recuperar su libertad porque el Ministerio Público, al percatarse de la resolución de la Sala, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual fue declarado con lugar y revocó la libertad que ya había sido autorizada.
A partir de esa fecha, todo se complicó para la togada.
JUEZ DECLARA
Carlos Ruano, el juez cuya denuncia fue el inicio de un largo proceso penal, reafirmó sus señalamientos en frente de Stalling el 12 de mayo. Stalling no permaneció inactiva, cuestionó, con muestras de prepotencia, a Ruano, pero varias de sus preguntas fueron censuradas por el tribunal.
Ese mismo día, en horas de la noche, el Consejo de la Carrera Judicial emitió una resolución en la cual separaba a Blanca Stalling de la magistratura que ocupaba en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente también se le suspendió el pago del salario que recibía.
Sin embargo, esto no significó una destitución de Stalling como tal. Esto, debido a que en la ley no está especificado cuándo un operador de justicia puede ser destituido del cargo.
Ahora, está en manos del Congreso de la República decidir cómo procederá para elegir a la persona que reemplazará a la magistrada y de qué forma lo hará.
FALLIDOS INTENTOS POR INICIAR ETAPA INTERMEDIA
La audiencia de etapa intermedia, en la que el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal debe resolver si Stalling enfrenta juicio por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica, se ha suspendido cinco veces.
Una de las principales responsables del retraso del proceso penal es la abogada defensora de Stalling, Delmy Castañeda, quien en tres ocasiones ha presentado excusas para no asistir a la audiencia de etapa intermedia, lo que ha provocado que la diligencia se suspenda.
La Fiscalía teme que la abogada esté intentando entorpecer el caso, por lo que solicitó ya en una ocasión que se decretara el abandono de la defensa por parte de Castañeda, pero el juez no accedió argumentando que sus inasistencias estaban debidamente justificadas.
Aunque consta en un audio la forma en que Stalling “solicitó” al juez Carlos Ruano que influyera en los demás miembros del tribunal para que otorgara una medida sustitutiva a su hijo, aún debe enfrentar un juicio oral y público, donde un tribunal decidirá su culpabilidad o inocencia.
