POR KIMBERLY LÓPEZ
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En 2017 había esperanza por parte de la ciudadanía y de diversos sectores, de lograr las reformas constitucionales al Sector Justicia y a la Ley Electoral que se demandaban desde el año 2015. A pocos días que concluya este año, analistas consideran que el 2017 ha sido infructuoso y poco productivo para lograr cambios profundos. El Congreso ha priorizado otros intereses, en tanto el Organismo Judicial y Ejecutivo se han mantenido pasivos ante la necesidad de un cambio.
Según la politóloga Stephanie Rodríguez, este fue un año bastante lento para el Organismo Legislativo, pues quedaron pendientes la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las reformas constitucionales para el sector justicia que se discutieron en el primer semestre, pero que luego no lograron consenso entre las bancadas. Además de otras importantes en sectores como salud y educación.
“Este año quedó bastante corto el Congreso, fue bastante lento y también derivado de lo que sucedió en septiembre cuando intentaron reformar el Código Penal, esa fue la parte negativa”, señaló.
En consecuencia, no se concretaron reformas que han sido demandadas por la ciudadanía.
Según la activista Helen Mack, la pasividad de los organismos y su resistencia a los cambios profundos es muestra de su interés por mantener ciertas condiciones en el país, que los favorecen.
“Este año hemos visto cómo ese Pacto de Corruptos y como son los que se han dedicado para que el país no avance, todo quede igual y ellos sigan disfrutando de la explotación del pueblo”, señaló.
IMPRODUCTIVO
Por su parte, el analista Renzo Rosal puntualizó que este año “vemos el balance de un año improductivo en donde el Congreso hizo promesas, no cumplió con reformas y no logró avanzar en la aprobación de leyes importantes”.
Sin embargo, si bien es cierto que en gran medida fue una responsabilidad del Congreso el poco avance logrado en la aprobación de reformas, los otros organismos de Estado: Judicial y Ejecutivo, también han jugado un papel importante en este estancamiento.
“Es una crisis de Estado, por lo tanto, significa que invade toda la naturaleza y la funcionalidad de la institucionalidad de los tres poderes, de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y todos los órganos de control que terminan en la misma dinámica”, comentó Rosal.
