POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El empresario y exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, insiste ante los tribunales de justicia guatemaltecos que se le otorgue una medida sustitutiva para poder recobrar su libertad, pese a estar procesado penalmente por dos casos de corrupción.
Alejos solicitó al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal una audiencia para discutir la posibilidad de que se le revoque la prisión preventiva que le fue decretada por su presunta vinculación al Caso Negociantes de la Salud.
La audiencia estaba programada para hoy, sin embargo, debido a que el juzgado tenía varias audiencias programadas, se reprogramó para el próximo 19 de diciembre.
Si el Juzgado Sexto le concede la medida sustitutiva, Alejos podría salir en libertad, ya que en Cooptación del Estado, el otro caso en el que se encuentra procesado, ya le fue revocada la prisión preventiva.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, otorgó la medida sustitutiva a Alejos argumentando que únicamente estaba procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito y todos los demás sindicados que estaban vinculados por ese tipo penal gozaban de arresto domiciliar. Por tal motivo, Gálvez expresó que era procedente aplicar el principio de “igualdad procesal”.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), indicó se aguardará a ver cómo sustenta la defensa de Alejos esta nueva petición para fijar su postura al respecto.
A JUICIO
El pasado 17 de julio, la jueza Silvia de León envió a juicio a Alejos por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo en forma continuada dentro del Caso Negociantes de la Salud.
Según las investigaciones, entre mayo de 2013 y julio de 2015, Alejos formó parte de una estructura de corrupción que operó en el IGSS y que tenía como finalidad beneficiar a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones.
Alejos tenía interés particular de beneficiar a las empresas droguería Colón, Evolución Farmacéutica, S.A. y Sabiapharma S. A., de acuerdo con la Fiscalía.
