Por Sonny Figueroa
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La diputada Sandra Morán presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó que se suspendiera la distribución de un manual sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas, elaborado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
A consideración de la legisladora, el manual no promueve la práctica del aborto, ya que se limita a informar lo que se encuentra en la legislación guatemalteca.
“Respetamos la resolución de la CSJ, pero no estamos de acuerdo, porque el manual es informativo y educativo. De ninguna manera promueve el aborto. Ese documento está en los marcos constitucionales y marcos legales que Guatemala tiene”, dijo Morán.
La legisladora añadió que el Estado ha firmado tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y esos reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Por aparte, la Asociación Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) también presentaron una apelación ante esa resolución de la CSJ.
ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
En 2015, la Procuraduría de los Derechos Humanos elaboró el manual llamado “Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, y Atención de Embarazos en Niñas y Adolescentes” que fue distribuido en centros educativos a nivel nacional.
En junio de este año, la Asociación La Familia Importa (AFI) presentó un amparo contra el entonces procurador Jorge De León Duque para exigir que se dejara de distribuir el documento. En esa acción se adhirió el diputado José Rodrigo Valladares, tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.
En su resolución, la CSJ prohíbe al Procurador de los Derechos Humanos evitar participar en cualquier actividad en donde se puede promover el aborto. Además, ordenó la elaboración de documentos que no fomenten prácticas abortivas. “Deberá contrarrestar los efectos que la distribución del material haya podido tener, mediante la distribución de material que sea congruente con los derechos garantizados por la Constitución”, dice la resolución.
Sobre ese fallo, la PDH accionó mediante un recurso de Ampliación y Aclaración. A decir del procurador, Jordán Rodas, hay aspectos que no quedan claros en la sentencia.
