POR DELIA BONILLA
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A un poco más de un año que se entrampó la discusión de las propuestas a las reformas constitucionales para fortalecer al Sector Justicia en el Congreso de la República, su estancamiento ha generado diversas reacciones dentro de los miembros de la sociedad civil, quienes ven con preocupación la falta de voluntad legislativa para modificar al Sistema Judicial y responder a las exigencias ciudadanas de 2015.

En mayo del presente año se discutió por última vez las reformas constitucionales, específicamente el 15 de mayo el Congreso sacó de su agenda de forma indefinida el análisis del proyecto y en septiembre se conformó una mesa para discutir el tema; según una nota publicada por La Hora el 2 de octubre, dicha instancia no había registrado avances.

Según la activista Helen Mack, el debate de las propuestas se ha ido aplazando cada vez más por parte de los diputados para dar una pausa a los cambios que solicita de manera urgente la población guatemalteca, situación que atribuye al Pacto de Corruptos, que ha buscado, en parte, promover la impunidad.

“A un año del entrampamiento ha quedado muy claro y evidenciado el Pacto de Corruptos, ya que son los legisladores los que han evitado las reformas y no quieren que cambie nada para seguir fortaleciendo sus propios intereses”, manifestó la entrevistada.

Para Mack, no haber modificado el sistema Judicial afecta directamente los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales de los guatemaltecos, porque desde el ámbito judicial se debe concretar la lucha contra la corrupción, para que esta no siga influyendo negativamente en la cotidianeidad de la sociedad y debilitando otras áreas de interés colectivo, como el sistema de Salud, Educación e Infraestructura.

La activista explicó que, con el entrampamiento de las reformas, el Congreso de la República evidenció su intención de mantener una imagen “patrimonialista de Estado” porque “allí se hace lo que ellos quieren” y no lo que se necesita para evitar que las instituciones continúen débiles.

PUNTOS POLÉMICOS VIGENTES

Las reformas propuestas buscan modificar la forma de elegir magistrados para el sector Justicia, Fiscal General, la participación de las universidades en estos procesos, la creación del Consejo de Administración Judicial que separaría al Organismo Judicial (OJ) de los temas administrativos y el reconocimiento del pluralismo jurídico, estos dos últimos puntos, fueron utilizados por algunos diputados y sectores para oponerse a las mismas; otras modificaciones se plantearon, con la finalidad de mejorar la aplicación de la justicia.

Estas reformas no entran en vigor directamente como una ley emitida por el Congreso, sino que, al ser enmiendas constitucionales, necesitan ser aprobadas por la población a través de una consulta popular.

El director de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Javier Zepeda, indicó: “el proceso de fortalecimiento al sistema de justicia se ha estancado por la falta de aprobación de las leyes, este sistema es uno de los grandes retos que tenemos como guatemaltecos donde hay que fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia con total objetividad”.

Al respecto, Zepeda aseguró que hay reformas prioritarias que deben ser analizadas, como los procesos de elección de los miembros de las Cortes, los tiempos que duran en sus cargos y la incentivación de la carrera judicial; lo que considera como temas de fondo que necesitan ser evaluados.

A su vez, consideró que los puntos como la jurisdicción indígena y el Consejo Nacional de Justicia, no deben discutirse en este momento, pues la Constitución ya los contempla.

SIGUEN SIENDO NECESARIAS

Mientras, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo, también se pronunció ante el estancamiento de las reformas constitucionales y lamentó que no avanzaran.

Además, recordó que se necesitan cambios fundamentales para cumplir con las expectativas de la población. “Tenemos que reformar el Estado de Guatemala donde necesitamos cambios fundamentales y cumplir con las expectativas que tiene la población guatemalteca… ya que exigen un cambio en el sistema político y judicial del país”, mencionó Alvarado.

Para Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), no se ve una proyección de avance para las modificaciones constitucionales, ya que con el actual Congreso poco prosperaría, pues los mismos diputados tienen vinculación con el crimen organizado y ante eso evitarían fortalecer el sistema de Justicia.

“Soy bastante pertinente en el sentido de que con este Congreso poco se logrará avanzar, especialmente con la existencia de grupos extraconservadores que están impidiendo que se logre un avance en torno a este tipo de reformas y eso incluye a los diputados que tienen vínculos con el crimen organizado”, enfatizó Polanco.

REFORMAS ESTÁN FUERA DE AGENDA

El diputado Dorian Taracena del partido Encuentro por Guatemala (EG), explicó que en la actualidad se están tratando temas diversos en el Legislativo y nadie se ha preocupado por darle seguimiento a las reformas del sector justicia.

Asimismo, comentó que la mesa integrada para la discusión de las reformas no los ha convocado para continuar analizando el proyecto y consideró poco probable que se le dé prioridad este año.

“Pidieron de cada bancada llevar una propuesta… el tema se entrampó por la discusión de que si la mesa era legal o no, viable o no, la discusión quedó en torno a eso, era si estaba la disposición política de entrarlo al pleno o no, allí se quedó… pero adentro del pleno no había garantía de nada”, expresó Taracena.

AUDITORÍA CIUDADANA

Miembros de la sociedad civil coinciden que la unidad ciudadana es la única respuesta que puede darse al estancamiento de las modificaciones al Sistema Judicial, para solicitar los cambios sustanciales que el país necesita.

Mack aseveró, que como sociedad se debe mantener una auditoría social y continuar peleando en las calles por las transformaciones que se requieren, ya que es prácticamente el único mecanismo disponible para ser escuchados.

El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, dijo en una entrevista publicada por La Hora el 15 de noviembre, que pueden existir muchos factores que no permiten que se logren reformas, ya que los cambios fundamentales a los sistemas toman tiempo, y reiteró que es positiva la existencia de una sociedad civil que esté viva y expresándose para que las cosas se modifiquen.

A la pregunta, sí era necesario retomar la discusión de las reformas, Arreaga respondió: “Es una decisión que los guatemaltecos deben tomar, si es que la razón de esta mora judicial es que no hay una reforma, eso podría ser algo, pero no nos corresponde a nosotros decirlo, sino que es algo que los guatemaltecos mismos saben cuáles son las soluciones”.

“En lo que nos tenemos que concentrar es en profesionalizar el Sistema de Justicia, fortalecerlo y generar un desarrollo de la carrera como parte de un Sistema de Justicia más sólido con jueces mejor preparados y más profesionales”, enfatizó por su parte el director de la CIG, Javier Zepeda.

Hasta el momento, retomar las reformas constitucionales al sector Justicia no es un tema que esté en discusión en el Organismo Legislativo, mientras, la desactualización y fortalecimiento del sector Justicia sigue impidiendo la adecuada aplicación de la justicia en el país.

El 28 de noviembre de 2016, los diputados iniciaron el debate en tercera lectura de las reformas constitucionales, luego de improbar las modificaciones al antejuicio, empezó la discusión sobre el pluralismo indígena y entre las voces a favor o en contra, los cambios al Sistema de Justicia ingresaron en un punto muerto del cual aún se desconoce si podrán retornar.

“A un año del entrampamiento ha quedado muy claro y evidenciado el Pacto de Corruptos, ya que son los legisladores los que han evitado las reformas y no quieren que cambie nada para seguir fortaleciendo sus propios intereses”
Helen Mack

“Tenemos que reformar el Estado de Guatemala, donde necesitamos cambios fundamentales y cumplir con las expectativas que tiene la población guatemalteca… ya que exigen un cambio en el Sistema Político y Judicial del país”.
Carlos Alvarado, rector de la Usac

“Soy bastante pertinente en el sentido de que con este Congreso poco se logrará avanzar, especialmente con la existencia de grupos extraconservadores que están impidiendo que se logre un avance en torno a este tipo de reformas y eso incluye a los diputados que tienen vínculos con el crimen organizado”
Mario Polanco, GAM

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