POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
En su segundo informe de gobierno, el Organismo Ejecutivo, con el aporte de todas sus dependencias, tiene pensado destacar las acciones orientadas a una política de tolerancia cero a la corrupción y a la modernización del Estado. Sin embargo, son varias las decisiones tomadas en los últimos meses que lejos de contribuir a esos objetivos, han implicado un retroceso en su consecución.
A juzgar de las últimas acciones tomadas por el Organismo Ejecutivo, en el primer capítulo de su segundo informe de gobierno no habrá muchas acciones que enlistar. Al contrario, será fuertemente cuestionada la orientación de sus acciones, aseguran analistas.
El gobierno ya está preparando el informe de gobierno del segundo año. El primer punto que tocará la rendición de cuentas es la: Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado. No obstante, una serie de eventos en la gestión de Morales y, especialmente en el último año, ponen en duda si en realidad ese informe contará con más aciertos que retrocesos.
NO EXPLICA FINANCIAMIENTO DE SU CAMPAÑA
Como secretario general que alguna vez fue del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), Jimmy Morales tiene responsabilidades legales sobre la forma en la que fue financiado el partido que lo llevó a la Presidencia.
Sin embargo, la organización incumplió con varios requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esquivó los procedimientos establecidos por la Ley Electoral y, en consecuencia, hasta la fecha el Tribunal no ha podido auditar las finanzas del partido. Es decir, no se sabe con detalle, quiénes financiaron los gastos de la campaña, cuáles fueron los aportes monetarios y en especie. Hasta ahora, el rostro de los que pagaron la campaña de Morales es un misterio.
Al respecto, Morales no tomó ninguna acción, no ha dado ninguna explicación y se desligó de la responsabilidad indicando que no le correspondía el manejo de las finanzas de la organización política. Además de todo eso, por gozar de inmunidad no puede ser investigado por el Ministerio Público (MP) para esclarecer los aportes recibidos.
En agosto, La Hora obtuvo información de fuentes altamente confiables que indicaban que el narcotraficante Marlon Monroy, alias El Fantasma, habría involucrado al Presidente en una investigación sobre financiamiento electoral ilícito. Ese evento, explicaría la siguiente decisión de Morales, que dio paso a una de sus crisis más fuertes.
DECLARACIÓN DE “NON GRATO”
Declarar al comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una persona non grata en el país y, además de eso, exigir su salida inmediata, será una de las principales manchas en el informe de la gestión de Morales en el 2017.
Velásquez, dentro y fuera del país, ha sido reconocido por la gestión al frente de la CICIG en el seguimiento a casos de corrupción.
Helen Mack, activista y directora de la Fundación Myrna Mack, recalcó que estas acciones, lejos de dale solvencia a la gestión de Morales para decir que ha logrado apoyar la lucha contra la corrupción, dejan en evidencia que se ha dado un retroceso en la administración actual.
A decir de Mack, en los últimos meses el mandatario ha demostrado que está dispuesto a mantener la crisis de su gobierno para dar pie a negociaciones que van en contra de la estabilidad de instituciones como la CICIG.
Creo que el Ejecutivo es totalmente cuestionado, añadió.
Su más reciente acción contraria a la transparencia fue una reunión, a puerta cerrada, el pasado domingo con los jefes de bloque, en la cual se habría puesto sobre la mesa el Presupuesto 2018 y la próxima Junta Directiva del Congreso. Algo que negó su vocero Heinz Hiemann.
Ayer luego de una actividad pública, Morales debatió el hecho de que su reunión se haya tenido que realizar de forma pública y no a puerta cerrada, como sucedió. Según manifestó, no debe dar acceso a todas sus reuniones a pesar de que en ellas se discutan temas de Estado, como la negociación del Presupuesto del año entrante.
“¿A qué se refiere con puerta cerrada?”, insistió el mandatario ante los cuestionamientos, luego justificó que su vocero presidencial, Heinz Hiemann, hubiera negado que Morales se estuviera reuniendo con diputados el domingo por la noche.
“Tal vez porque él no lo sabía, pero eso no es puerta cerrada”, señaló.
CUESTIONAMIENTOS A LA APLICACIÓN DE JUSTICIA
Otro de los elementos que pone en duda y desdice los esfuerzos de luchar contra la corrupción, es el discurso con el cual Morales ha recorrido gran cantidad de municipios y departamentos en los últimos meses.
En sus últimas apariciones públicas el presidente Jimmy Morales ha destacado en sus discursos que existe una judicialización de la política, que no se respeta el derecho de presunción de inocencia, y que debe perseguirse el delito y no a la persona. Todos estos puntos coinciden en una inconformidad de parte de Morales hacia la forma en la que se imparte la justicia actualmente.
El discurso pone en duda la legítima intención de Morales de respaldar la lucha contra la corrupción y resulta poco objetivo, tomando en cuenta los señalamientos en su contra, así como de sus familiares, indican analistas consultados.
Incluso ha recurrido a buscar el apoyo de personajes cuestionados como el líder magisterial, Joviel Acevedo, el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, o diputados que enfrentan a la justicia, como lo sucedido en un acto público la semana pasada donde solicitó aplausos y el reconocimiento para el diputado por Suchitepéquez, Julio Juárez, señalado de ser el autor intelectual de la muerte de dos periodistas.
Jorge Wong, analista independiente, señaló que a estas alturas del gobierno, la ciudadanía en Guatemala tiene muy claro que el tema de la lucha contra la corrupción en el país va caminando de una forma autónoma al Ejecutivo.
“El tener al Presidente involucrado en procesos abiertos empeora la situación y aleja la participación del gobierno en la lucha contra la corrupción”, dijo Wong.
REVISIÓN DEL MANDATO DE LA CICIG
Otra de las medidas anunciadas en los últimos meses es la realización de una evaluación del mandato que ha dado vida a la CICIG en el país. La petición fue realizada por el Presidente, ante varios países de las Naciones Unidas.
El haber declarado non grato al Comisionado y haber solicitado la revisión del mandato son hechos políticos que desdicen cualquier discurso o planteamiento que quieran apuntalar, señaló el analista y politólogo Renzo Rosal.
A decir de Rosal, está claro que las estructuras de corrupción siguen dentro del gobierno central, está visto el deslucido papel del gobierno, y señala que sería un grave un error que presenten en su informe este contenido vacío, porque no hay ningún hecho concreto.
“Las acciones políticas tienen que tener indicadores y ninguno de esos indicadores los cumple Morales en su gobierno en el tema de transparencia”, agregó.
NO VEN MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
En cuanto a la modernización del Estado, señalan ambos analistas, resultará aún más complicado para el Gobierno defender que han logrado avances en esta línea.
“Sería interesante ver ese listado de logros para saber cuál merece el Ejecutivo y cuáles no, y no estar saludando con sombrero ajeno”, comentó Wong.
Factores como el hecho de que no se ha ejecutado ni el 30 por ciento del Presupuesto, denota que no ha habido esfuerzos de dirigir bien el Estado, y no digamos de una modernización que ya implica cosas que van más allá de la ejecución del gasto.
“En el segundo tema nos queda a deber, el gobierno ha mostrado el tema de la incapacidad, es diametralmente opuesta a la modernización del Estado y de los mecanismos. Aquí parece que hemos retrocedido los pocos avances que teníamos y hoy hay un desprecio por la institucionalidad publica, la máquina de gobierno está en una velocidad muy lenta”, comentó el analista Rosal.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
El titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Miguel Ángel Moir, explicó que en cuanto a las políticas y acciones tomadas en la línea de la tolerancia cero a la corrupción harán referencia a las líneas de trabajo del gobierno abierto.
Temas como haber realizado una discusión de presupuesto abierto, dar cumplimiento a la Ley de Acceso a Información Pública, son algunas de las acciones que según Moir, valen la pena citar dentro de dicho documento.
Según ese indicador, la instrucción para las instituciones es que puedan entregar un consolidado de las acciones institucionales de combate contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, citó el Secretario, se puede destacar el hecho de que el Ministerio de Salud haya instalado una oficina de combate de transparencia y corrupción dentro del Ministerio de Salud. Además, que al sector justicia no le ha faltado el presupuesto que le corresponde.
En el caso de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción Doméstica de la cartera de Salud, el mismo ministro del ramo, Carlos Soto, cuestionó sus funciones.
Según dijo Soto en una nota publicada por La Hora el 6 de septiembre, la función que desempeña esta instancia ha generado temor en los trabajadores, al punto de que paraliza su trabajo.
“La Unidad de Transparencia debe continuar, pero aparte es que continúen y aparte es que los trabajadores se sientan coaccionados”, señaló el Ministro de Salud al ser consultado sobre el rumbo que daría a esta dependencia. Con el pasar de las semanas, indicó que no la cerraría, pero que colocaría a una persona de su confianza en el cargo y reiteró que tenía una función que no era la correcta.
Entre otros temas, las medidas para cumplir con el acceso a la información, calidad de gasto, eficiencia en la ejecución de los programas que tiene que ver con el desarrollo social, el desempeño de las unidades ejecutoras, la ejecución y el gasto de la inversión, entre otras temas, fueron mencionados por Moir como puntos a resaltar por el gobierno de Morales.
En cuanto a la modernización del Estado a la que se refiere el primer apartado del informe presidencial, Moir considera que se tomarán en cuenta aquellos “arreglos institucionales que consisten en cómo hace usted para hacer más eficiente la gestión”.
“NO NOS HEMOS OPUESTO”
A pesar de las decisiones tomadas y de las críticas, desgaste y cuestionamientos hacia el mandatario, Morales mantiene el discurso de que no se opone a esa lucha contra la corrupción.
«Nunca nos hemos opuesto a la lucha contra la corrupción, nunca nos hemos opuesto a la persecución criminal”, declaró en su última aparición pública.
Morales asegura que “nosotros nos oponemos a que se paralice el país, que se pierdan fuentes de empleo, que se arruinen las carreteras por una persecución si las dos cosas se deben hacer al mismo tiempo». No obstante, las críticas generadas de parte de distintos sectores de la población, el análisis de los académicos y sus propias acciones evidencian todo lo contrario.
En aproximadamente un mes y medio, el presidente Jimmy Morales estará presentando su segundo informe de Gobierno, ¿podrá sustentar avances contra la corrupción y medidas para modernización del Estado?
“Las acciones políticas tienen que tener indicadores y ninguno de esos indicadores los cumple Morales en su gobierno en el tema de transparencia”.
Renzo Rosal, politólogo“Sería interesante ver ese listado de logros para saber cuál merece el Ejecutivo y cuáles no, y no estar saludando con sombrero ajeno”.
Jorge Wong, analista“Nosotros nos oponemos a que se paralice el país, que se pierdan fuentes de empleo, que se arruinen las carreteras por una persecución si las dos cosas se deben hacer al mismo tiempo».
Presidente Jimmy Morales
