POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La defensa de Julio Ligorría Carballido, quien se encuentra sindicado dentro del Caso “Construcción y Corrupción, los negocios del Micivi”, emitió un comunicado en el cual alega que le han sido violados “varios derechos constitucionales” y que lo mantienen en “total estado de indefensión”.
El abogado de Ligorría, Arturo Miranda, dijo que solicitó a la jueza titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, copia del expediente que contiene los medios de convicción con los cuales el Ministerio Público (MP) sustenta la orden de captura y extradición contra su defendido. Sin embargo, aseguró que el 4 de octubre la togada se negó a entregar el expediente por considerar la solicitud “imprecisa”.
Al ser consultada, la jueza Aifán dijo que Ligorría presentó una petición, la cual indica que “a mi defensa técnica -de Ligorría-, propuesta y nombrada por mi persona, se le pueda dar acceso a cualquier información del expediente y cualquier otro medio de convicción presentado por el Ministerio Público y que obre en autos que puedan servir a mi defensa técnica para poder ejercer el derecho constitucional de defensa en mi favor”.
No obstante, la jueza dijo que esta petición fue rechazada porque la petición no es clara y, además, dijo que los medios de convicción no se encuentran en el Juzgado, sino están en manos del Ministerio Público.
“Nos está pidiendo que le demos acceso a los medios de convicción presentados por el Ministerio Público, pero esos los tiene el Ministerio Público. Yo no le puedo dar acceso acá si no lo tengo”, dijo Aifán.
Asimismo, Miranda ha manifestado que no cuentan con los medios de convicción por los cuales se solicitó la extradición por el delito de lavado de dinero. No obstante, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que esto se debe a que la ley contra el lavado de dinero estipula en el artículo 10 la “reserva de las actuaciones”, la cual vence hasta que el sindicado es ligado a proceso penal.
Ligorría cuenta con una orden de captura por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito.
